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Junto a Díaz Ferrán la Policía ha detenido a otras ocho personas, entre ellas el empresario Ángel Cabo y el consejero delegado de Nueva Rumasa y colaborador en Posibilitum, Iván Losada Castell, todos ellos acusados de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
La Policía ha emitido un comunicado en el que informa las identidades de los detenidos y en el que se indica que los arrestos se han practicado por la comisión de presuntos delitos de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales, entre otros ilícitos penales. Fuentes jurídicas han informado a Europa Press de que entre esos otros delitos también figura el de insolvencia punible.
Esta operación parte de la investigación iniciada a partir de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia contra los antiguos propietarios de la agencia de viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán y el fallecido Gonzalo Pascual, su nuevo dueño, Ángel de Cabo, y la empresa Possibilitum.
El pasado julio la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó al juez Velasco asumir esta causa. La Audiencia resolvía de este modo el conflicto de competencia que había planteado el propio juez, que consideraba que la causa debía recaer en otro Juzgado, el número 1, del que es titular es juez Santiago Pedraz y que ya investiga a Marsans, en este caso por la apropiación indebida de los depósitos realizados por los clientes de la agencia para la reserva de viajes.
Las compañías hoteleras denunciaron a los tres empresarios al considerar que estaban ocultando a los acreedores de Marsans bienes de la agencia de viajes y personales para evitar así hacer efectiva la deuda contraída con ellas, que asciende a 45 millones de euros.
El resto de detenidos en esta operación son Susana Mora, quien actuaba como secretaria de Losada según fuentes de la investigación, su cuñado Teodoro Garrido y los testaferros de De Cabo, Rafael Tormo, Antonio García Carmelo José E. G.; Antonio G.E., y José Enrique P.M.
10.000 ACREEDORES.
En el auto de la Sección Segunda, al que ha tuvo acceso Europa Press, los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y Enrique López reproducían el informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre esta causa en el que se desvelaba que «un número de acreedores superior a 10.000» habrían resultado perjudicados por la falta de pago de Marsans, que declaró concurso de acreedores en el año 2010.
La Fiscalía también defendía que debía ser el juez Velasco el que asumiera la instrucción al considerar que la unión de esta investigación con la ya iniciada «podría perjudicar» el esclarecimiento de las conductas de los denunciados. La Sección Segunda dio la razón al Ministerio Público y aseguró que «los hechos deben de seguir siendo investigados por cada uno de los Juzgados que conocen de los mismos en este momento».
Díaz Ferrán está además incurso en varias causas judiciales entre otras por la concesión de un crédito de 26 millones de euros que le concedió Caja Madrid y por la quiebra de Marsans. Tenía pendiente una citación judicial este miércoles para declarar por la primera de estas causas..
