TCAM/REDACCION

Así se desprende del hecho de que el Consejo de Ministros incluyera ayer estos dos ejes en el listado de los servicios de transporte ferroviario declarados como obligación de servicio público (OSP). La que se queda fuera, al menos por el momento, es la conexión Granada-Linares-Baeza. Aunque el Gobierno aún no ha determinado qué líneas ferroviarias serán eliminadas, el hecho de que esta conexión no esté incluida en el documento evidencia que corre peligro de ser suprimida.

Pero aún podría no estar todo dicho, ya que el Ministerio de Fomento aseguró ayer que, aunque las que se han salvado son líneas con un aprovechamiento superior al 15%, también podrán declararse más adelante como OSP conexiones con un aprovechamiento de entre el 10 y el 15%, «teniendo en cuenta criterios de cohesión y vertebración territorial». Antes del 30 de junio de 2013, según explicó ayer el Gobierno, el Consejo de Ministros definirá totalmente qué servicios resulta pertinente sujetar a obligación de servicio público «para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema de transportes». Así que, en principio, parece que la única línea que pasa por Granada y que no está incluida en ese listado inicial, aún podría tener una oportunidad de supervivencia.

El plan de racionalización aprobado por el Consejo de Ministros e incluye entre esas líneas de obligación de servicio público un total de catorce conexiones que, de forma íntegra o parcial, transcurren por la comunidad autónoma andaluza. Se trata , además de la Sevilla-Granada-Almería y la de Algeciras-Granada, de Madrid-Jaén, Almería-Linares-Baeza, Córdoba-Jaén, Córdoba-Rabanales, Sevilla-Cádiz, Sevilla-Córdoba, Sevilla-Huelva, Sevilla-Jaén, Sevilla-Málaga, Sevilla-Mérida y Sevilla-Osuna.

A través de este plan de racionalización, el Gobierno aseguró que garantiza los servicios públicos de transporte de viajeros de interés general, «así como el derecho a la movilidad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan». El plan se realiza en cumplimiento del Real Decreto Ley de 20 de julio de 2012, que se implantará en varias fases y definirá los servicios que se regirán por obligaciones de servicio público.

Según indicó ayer el Gobierno, el Ministerio de Fomento ha acometido este plan sobre la base de estudios rigurosos y datos objetivos, en un proceso transparente, con el consenso de las comunidades autónomas y con representantes de las organizaciones sindicales del sector. Asimismo, indicó que se garantizan los servicios públicos esenciales, si bien con una racionalización del gasto, ya que la situación económica exige eficiencia en el uso de los recursos públicos. El criterio general adoptado es la declaración como obligación de servicio público de todas las relaciones con un aprovechamiento superior al 15%.

Así, «se compatibiliza la racionalización del gasto con la continuidad de los servicios, aprovechando sinergias». De este modo, trenes de larga distancia podrán prestar cobertura a estos usuarios y en otros trayectos podrán sustituirse con transporte en autobús. Con ello, se logra un mejor ajuste que permite mantener las oportunidades de viaje. Junto a ello, otras de las medidas que se pondrán en marcha serán la mejora de los horarios o el uso de trenes más pequeños.

El plan de racionalización de servicios supondrá un ahorro progresivo hasta alcanzar en 2015 los 51 millones de euros anuales de costes directos. Asimismo, el Ejecutivo señaló que el mismo se ha desarrollado siguiendo criterios objetivos de eficiencia social, medioambiental, y económica.

En la actualidad hay servicios ferroviarios que muestran «importantes ineficiencias», según explicó ayer el Gobierno. El 51,7% de los trenes se destinan a cubrir servicios que sólo utiliza un 16% de los viajeros y presentan un aprovechamiento inferior al 15%. En estos servicios de menor aprovechamiento se dan casos en los que el Estado llega a aportar hasta 371 euros por billete, frente a los 11 euros que paga el viajero.

Fomento deberá formalizar antes del 30 de septiembre de 2013 con Renfe Operadora el contrato de servicio público en el que se reflejen las condiciones en que se habrán de ejercer dichas obligaciones de servicio, así como los mecanismos para su compensación.

En caso de que alguna comunidad autónoma tuviera interés en la prestación de un servicio ferroviario de viajeros sobre alguna de las relaciones que no han sido declaradas de obligación de servicio público por la Administración General del Estado, esa región podrá formalizar el correspondiente contrato con Renfe Operadora asumiendo la financiación del déficit de explotación de dicho servicio.

Por otro lado, Renfe Operadora continuará prestando los servicios de media distancia sobre la red de altas prestaciones (Avant) en las mismas condiciones que lo viene haciendo en la actualidad, y antes del 30 de junio de 2013 el Consejo de Ministros definirá qué servicios Avant resulta pertinente sujetar a tales obligaciones para mejorar la eficiencia y sostenibilidad del sistema de transporte.