IAM/REDACCION
Una noticia me llamó la atención la semana pasada, la detención en la noche del jueves de cinco personas por increpar y tratar de agredir a un facultativo del servicio de Urgencias del Hospital Punta Europa de Algeciras cuando trataba a un paciente que resultó ser familiar de estas personas. Las detenciones fueron realizadas por la Policía Nacional que acudió alertada por el 091 debido a la presencia de un grupo de 25 a 30 personas que alteraban gravemente el orden público y perjudicaban con su actitud el normal funcionamiento del centro médico. Las dotaciones de Policía Nacional y Local que se personaron en el Hospital comprobaron que se había producido «un gran tumulto con agresiones y amenazas». Y después de controlar la situación, los agentes procedieron a identificar y detener a los presuntos agresores por desórdenes públicos y atentado a funcionario en el ejercicio de sus funciones. Por estos hechos los detenidos, con las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial competente.No hay justificación alguna para la actitud de estas personas y la Justicia deberá sancionar, si hubo delito, estos comportamientos. Hay personas que olvidan que para tener derecho hay que cumplir obligaciones. Y no se puede permitir que se hagan responsables de las carencias de la sanidad pública a sus profesionales, que cada día tienen menos medios, más horas de trabajo y menos sueldos por las medidas de austeridad del Gobierno Central que no garantiza una sanidad pública para todos y penaliza con motivo de la situación económica a los sectores más desfavorecidos. Ni se puede ocultar que este fin de semana había 26 personas esperando en Urgencias debido al “cierre de 47 camas”, según informaba el sindicato de enfermería (Satse), 31 de la planta de Ginecología y 16 del área de Paliativos de la Cruz Roja. Esta situación de colapso en el servicio de Urgencia, según el Satse se va a mantener en el tiempo, salvo excepciones. El remedio para esta situación es tener más medios, y para eso los responsables del Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar se tendrán que poner las pilas haciendo todo lo posible para recuperar las camas cerradas.Pero la gente parece que no se da cuenta o no se quiere enterar de que algunas de las medidas más duras del Gobierno de Rajoy para afrontar la crisis están relacionadas con la sanidad. De hecho, aprobó en el mes de abril del pasado año un decreto ley de medidas urgentes sobre el Sistema de Salud que ha tenido que recurrir la Junta de Andalucía al Tribunal Constitucional por no garantizar el derecho a la protección de la salud de todos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Hay que recordar que el Gobierno andaluz -con todos sus defectos que los tiene- ha hecho de la defensa de la sanidad pública una bandera con la que distinguirse de las comunidades gobernadas por el PP. Y que mucha de las cosas que están ocurriendo en la sanidad andaluza son producto de una campaña de los populares centrada en desacreditar nuestra sanidad y a sus profesionales difundiendo datos y cifras, en muchos casos inciertas, que pretenden ilustrar que en Andalucía se están privatizando hospitales como en Madrid o cerrando urgencias en zonas rurales como en Castilla La Mancha. Cuando lo que define a la sanidad andaluza, es un modelo público y solidario al que cada ciudadano contribuye en función de su renta y sin cuestionarse si otro que aporte menos al sistema debe recibir las mismas prestaciones.
