IAM/Opinión

Artur Mas, el presidente de la Generalitat, ha respondido este fin de semana al anuncio del Gobierno de recurrir la declaración soberanista del Parlamento catalán. Repitiendo la idea  anclada en su discurso desde que lanzó el órdago secesionista, de que la voluntad del pueblo catalán de decidir sobre su futuro político está por encima de la legalidad.  Y para evitar equívocos, ha remachado ese planteamiento con la siguiente puntualización “Los pueblos  tienen derecho a decidir su máximo autogobierno y su futuro, y contra esto no hay normas, ni leyes, ni constituciones ni interpretaciones posibles”. De esta manera, el presidente catalán contesta el informe de la Abogacía del Estado que avala un recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la declaración soberanista que aprobó el Parlamento catalán el pasado 23 de enero con los votos de CiU, ERC e Iniciativa- Esquerra Unida. El presidente Mas considera que por encima de la legalidad se sitúa “un tema de voluntad de la gente y de derechos que, por otro lado, todo el mundo debería proteger”. El consejero de de Presidencia y portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha ido más allá que el presidente. Ha dicho que “no es democracia” plantearse desde el Estado recurrir la declaración soberanista. Esta decisión se adoptó con la legislación vigente y con el reglamento de la cámara catalana, ha recordado Homs, para quien la declaración es una “expresión política y democrática”. Pero señor, que barbaridades dicen los nacionalistas catalanes, un día sí y el otro también. Pretenden confundirnos con conceptos como independencia y el derecho a decidir -propios en democracia para decidir en las elecciones municipales, autonómicas y generales- que se quieren apropiar. El constitucionalista Pérez Royo lo ha dicho con mucha claridad “quienes se apropian del derecho a decidir, se apropian de la democracia y expulsan fuera de la misma a quienes entran en debate con ellos”. Más claro todavía, aunque la democracia consiste en el derecho a decidir, no consiste en el derecho a decidir sobre lo que nos dé la gana, sino a decidir dentro de lo que la ley autoriza. Dirán, que las leyes se pueden cambiar, pero tenemos que hacerlo siempre por los cauces marcados por la propia ley. Porque en democracia, la ley es la única garantía de libertad y justicia, la única posible defensa de los débiles frente a los poderosos. En democracia, lo que no es ley es violencia. Y la primera obligación de cualquiera que cree en la democracia es la de impedir que nadie trate de usurparla como están haciendo ahora los nacionalistas catalanes.