La Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social desea pedir a la Diputación que deje de confundir a la opinión pública con demagogia en torno a las consecuencias del brutal desmantelamiento, exclusivo del Gobierno central, de la Ley de la Dependencia.En este sentido, hay una retirada clara del Ministerio en este concepto, ya que ha recortado en Andalucía 214 millones de euros en dos años, 89 de ellos en 2012 y 125 de este importe para 2013.Además de este recorte, el Gobierno del PP ha retrasado hasta 2015 la entrada en vigor de la efectividad del derecho a la prestación a las personas con dependencia moderada. No obstante, esta demora propiciada por el partido que gobierna Diputación, conlleva, entre otras nefastas consecuencias, que no sea necesario en estos momentos un refuerzo de personal que asuma funciones de tramitación masiva de inicio de nuevos expedientes correspondientes a la incorporación de este colectivo al sistema, como sí sucedía al comienzo de la implantación de la Ley.Ante esta situación, la Consejería de Salud y Bienestar Social se comprometió a mantener la contratación de los trabajadores sociales de refuerzo para la atención a la Dependencia haciendo el importante esfuerzo de asignar más de diez millones de euros para dicho mantenimiento. En relación al personal administrativo al que alude el diputado provincial de Bienestar Social, Antonio García, éste debería conocer que el BOJA de 31 de diciembre ya contempla que, siempre que esté debidamente justificado y cuente con la conformidad de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, las entidades locales, entre las que se incluye la Diputación de Cádiz, podrán contratar, de manera excepcional, dicho personal administrativo. La Junta es consciente de la importancia de la labor que desempeñan los profesionales de refuerzo en el desarrollo de la Ley de Dependencia, máxime en el contexto de la apuesta que el Gobierno andaluz respecto a esta Ley, en la que Andalucía supone una cuarta parte (más del 25%) del total de valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias de España. Así, en total, y teniendo en cuenta los recursos que se aprobarán para 2013 de más de 10 millones de euros, la Administración andaluza ha destinado a la contratación de personal de refuerzo un total de 121,1 millones de euros, que han posibilitado el impulso de la Ley de la Dependencia de la mano de estos trabajadores municipales diseminados por todo el territorio andaluz. En el momento actual, el refuerzo de personal de trabajo social se considera prioritario para asumir adecuadamente el lógico ritmo de reposición dentro del sistema de Dependencia, así como las funciones asignadas en materia de revisión de prestaciones y seguimiento de la correcta aplicación de los Programas Individuales de Atención (PIA), asegurando la adecuación de los servicios o prestaciones a las necesidades de las personas a las que fueron prescritos.Es por ello, que la Delegación de Salud y Bienestar Social insta encarecidamente a la Diputación a que traslade al Estado su preocupación por estos trabajadores, porque dependen del Plan Concertado, que el actual Ejecutivo del PP ha dinamitado, aportando una financiación a todas luces ridícula: 5 millones para este año frente a los 9 millones de 2012 y los 17 millones de 2011, mientras que la Junta mantuvo en 2011 y 2012 la misma financiación. Asimismo, el diputado Antonio García podría extender su supuesta preocupación y, actuar en consecuencia, sobre el hecho de que su partido en el Gobierno prevé destinar en 2014 para el Plan Concertado cero euros, lo que perjudicará, pese a los esfuerzos de la Junta de Andalucía, a esos trabajadores que la Diputación finge defender.
