IAM/Redaccion Vivimos una situación social insostenible en el marco de una pérdida de derechos sin precedentes. Con la excusa de la crisis están acabando con todas las conquistas sociales y la corrupción está aflorando en todos los rincones del entramado institucional.Por cada recorte que se nos impone surgen nuevos escándalos de corrupción en la clase política y empresarial, echando por tierra cualquier excusa en justificación de las medidas de “ajuste” adoptadas. Han perdido por completo la poca credibilidad que tenían y dejado al descubierto los verdaderos intereses que se ocultan tras cada reforma, que no son otros que el enriquecimiento de unos pocos (con nombres y apellidos), de los bancos, especuladores y capital financiero, a costa de la inmensa mayoría de la sociedad. La corrupción que aflora en todos los rincones del entramado institucional al más alto nivel, está ahondando el distanciamiento entre esas instituciones y la mayoría de la población. A través de un agotado modelo bipartidista (donde la democracia se diluye por la falta de representatividad, de posibilidades reales de participación o por el rodillo de las mayorías absolutas), han conseguido alejar al ciudadano de las decisiones y responsabilidades políticas, anteponiendo los intereses de los mercados y la banca al de las propias personas. Y esto resulta totalmente intolerable. Entre todos seguimos pagando a los mismos que nos han hundido en la miseria y que siguen llenándose los bolsillos sin ningún control. El modelo actual está gripado. Y son cada vez más los que exigimos cambios radicales en el sistema democrático. Muchas voces están concretando ante la sordera y el autismo de la llamada “clase política”, los imprescindibles cambios necesarios No podemos sentirnos representados por personas o partidos que solo buscan su propio beneficio, haciendo alarde de hipocresía, mintiéndonos y asfixiando a la gran mayoría de la población con total descaro e impunidad. Están desmantelando los sistemas públicos de sanidad y educación, considerándolos como un negocio y no como un derecho, y dificultando el acceso a los mismos en igualdad de condiciones. La reforma laboral que cumple un año ha facilitado la destrucción de empleo y ha favorecido que el paro crezca hasta extremos pavorosos. Con más del 40% de la población activa en la provincia de Cádiz en situación de desempleo, el derecho al trabajo se ha convertido ya en una quimera. Además, asociaciones como Cáritas y Cruz Roja denuncian que ya son casi 70.000 las familias que tienen que acudir a los Bancos de Alimentos para subsistir, debido a que más del 40% del total de desempleados en la provincia no reciben prestación alguna. La pobreza y exclusión aumentan escalofriantemente. A esta situación de pobreza hay que añadir en muchos casos la pérdida de la vivienda, otro derecho que, llega al Congreso a través de la ILP y que el desprestigiado parlamento ha tenido al menos que aceptar debatir ante el drama de los suicidios por la enorme presión social. Todo ello para salir de una crisis que no es una crisis sino una estafa; para pagar una deuda que, además de odiosa, es ILEGÍTIMA, ya que se ha generado precisamente por los rescates bancarios y la rebaja o evasión de impuestos de las grandes empresas y fortunas. Se destinan todos los recursos del país a reducir el déficit y a pagar la deuda, sin dejar nada para la economía productiva o las necesidades de los ciudadanos, y sin tener en cuenta las alternativas que estos presentan. Desde la APDHA consideramos imprescindible la movilización social en defensa de nuestros derechos y libertades. Por ello llamamos a la participación en la MANIFESTACION DEL SABADO DIA 23 DE FEBRERO., SOBRAS MOTIVOS.
