IAM/EP La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado que en el próximo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que previsiblemente se celebrará a finales del mes de marzo, se van a aprobar dos nuevos tramos en el copago de medicamentos para que no paguen los mismos porcentajes los ciudadanos con rentas de entre 18.000 y 100.000 euros anuales como hasta ahora. «Es mucha diferencia», según ha reconocido Mato en su comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, ya que la reforma sanitaria que impulsó el pasado mes de abril establecía que los ciudadanos de rentas de entre 18.000 y 100.000 euros anuales debían pagar un 50 por ciento del precio de sus medicinas. Por ello, y como ya se avanzó en la anterior reunión que Mato mantuvo con las comunidades el pasado mes de diciembre, se va a revisar este tramo para establecer dos nuevos tramos, con el objetivo de «intentar ser más justos». De igual modo, también se podrían establecer algún tipo de condiciones especiales para las familias numerosas, «en su apuesta por las políticas familiares». Sobre el nuevo sistema de copago según renta, Mato ha reconocido que «aunque unos lo llaman copago y otros repago», a ella le gusta llamarlo «participación en farmacia». Además, ha defendido que este nuevo sistema también ha incorporado algunas novedades positivas, como que hay muchos parados que antes pagaban un 40 por ciento y ahora no pagan nada. «Yo creo que eso, al menos, me lo podrían aplaudir», he espetado. Mato ha avanzado también que «en abril o mayo» tomarán nuevas medidas para «volver a bajar» el precio de los medicamentos genéricos, que «ya son un 33 por ciento más baratos para los ciudadanos». La ministra ha defendido la necesidad de un pacto sanitario «sin condiciones ni ideas preconcebidas», y ha pedido que no se haga demagogia con los conciertos público-privados en la sanidad. «Al ciudadano lo que le preocupa es quién es el mejor médico, que le atienda lo mejor posible y que le cure (…) Seamos serios y rigurosos, la sanidad va a seguir siendo pública, y, lo quieran o no lo quieran, ya lo es más que ayer», ha aseverado. De hecho, ha recordado que Andalucía es «la comunidad donde más conciertos privados hay» y, de hecho, hay provincias como Cádiz donde «no hay otra forma de acceder a la sanidad pública salvo que a través de hospitales privados». «Creo que todas las comunidades, todas, están haciendo lo que consideran necesario para sacar adelante la situación que estamos viviendo, y si se critican las de Castilla-La Mancha se deben criticar también las de Andalucía. O hacer como yo, que no critico ninguna», ha sugerido. Asimismo, ha negado que estén trabajando en un sistema de pólizas de seguros públicas y privadas para la asistencia sanitaria. Lo más parecido, según ha dicho, es la póliza para los extranjeros que no tengan tarjeta sanitaria, que está analizando el Consejo de Estado. En este punto, Mato ha recordado que el concepto de asegurado del Sistema Nacional de Salud (SNS) que critican algunos grupos «ya lo recogía la Ley General de Sanidad».
LA CARNE DE CABALLO, UN PROBLEMA DE FRAUDE PERO NO DE SEGURIDADIgualmente, ha insistido en que continúan trabajando en el análisis en el fraude de la carne de caballo, si bien ha reconocido que «es un problema de fraude y no de seguridad alimentaria». La oposición ha criticado su segunda intervención en esta comisión desde que fuera nombrada ministra, que para el portavoz socialista ha sido «irritante» porque «no deja de apearse de la tribuna del PP de la calle Génova». De igual modo, ha insistido, que el copago y el ‘medicamentazo’ (desfinanciación de medicamentos) aplicado por su departamento «impide que muchos ciudadanos puedan acceder a sus medicamentos». Algo que ha subrayado también el diputado de IU Gaspar Llamazares, que ha urgido a Mato a preocuparse por «los problemas reales» que los ciudadanos están denunciando cada día. El diputado de ERC, Joan Tardá, le ha pedido «autocrítica política» para «recuperar todo lo que se ha perdido». Ante esto, Mato ha reconocido que «sin lugar a dudas que se hará autocrítica» y ha apuntado que intentará fomentar el diálogo para llegar a acuerdos «en beneficio de los ciudadanos». La Comisión ha finalizado con una declaración firmada por todos los grupos en defensa de las enfermedades raras.
