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- EN EL PARLAMENTO ANDALUZ
Informaciónalminuto (Europa Press) | Sevilla
El Grupo de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía ha elevado una pregunta a la consejera de Educación, Mar Moreno, relativa al cambio de instrucciones internas en este departamento a principios del verano de 2012 a raíz de las cuales los menores inmigrantes escolarizados en los distintos niveles educativos cuyas familias tuvieran a uno o más progenitores en situación irregular serían calificados con una puntuación de cero, con la denegación de la solicitud de beca para acceder a servicios complementarios como comedor, aula matinal o actividades extraescolares.
En la cuestión, a la que ha tenido acceso Europa Press, los parlamentarios por IULV-CA José Antonio Castro y Dolores Quintana señalan que estos cambios se tradujeron, finalmente, en la orden de la Consejería del 3 de agosto de 2012, modificaciones que produjeron que «un buen número de familias» se vieran privadas, en primera instancia, de estas ayudas.
Este aspecto condujo a la solicitud de revisión discrecional de estos expedientes, bien por los centros donde estaban escolarizados los alumnos, bien por ONG como Andalucía Acoge, según señala la federación de izquierdas en su pregunta.
Por todo ello, IULV-CA pregunta a Educación por el número de menores inmigrantes, distribuidos según nivel educativo, nacionalidad, provincia y situación administrativa, que han solicitado las becas reguladas por la Junta para los servicios complementarios en la enseñanza en los cursos escolares 10-11, 11-12 y 12-13. Asimismo, cuestiona por las resoluciones de los distintos expedientes, las ayudas concedidas y las denegadas o archivadas.
Por otro lado, Castro y Quintana también suscriben otra pregunta dirigida a la Consejería en la que, haciéndose eco de casos de jóvenes mayores de 18 años en situación irregular que han tenido dificultades para el acceso a la educación superior y el título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) por no poder aportar el Número de Identificación de Extranjero (NIE), cuestionan por el número de personas inmigrantes en situación irregular matriculados en la diversa oferta de educación no obligatoria andaluza, su distribución por provincias y las medidas puestas en marcha desde Educación para solucionar las incidencias en cuanto a la expedición de títulos de formación cuando no es posible la presentación del NIE.