En rueda de prensa en la que ha estado acompañado por el jefe de la Demarcación de Costas Andalucía-Atlántico, Patricio Poullet, De Torre ha reiterado que las novedades introducidas en la citada ley persiguen la protección del medio ambiente litoral, de los propietarios de viviendas y otros bienes y garantizar la seguridad jurídica para aquellas actividades económicas que sean sostenibles. Han dejado claro que esta ley «no modifica el dominio público marítimo terrestre, sino los derechos concesionales» de quienes tuvieran propiedades, negocios hosteleros o industrias con anterioridad a 1988 –tenían, conforme a la legislación anterior, una concesión de 30 años que concluía en 2018, conllevando en algunos casos a la demolición–, ya que la nueva ley otorga una prórroga de 75 años si se cumple una serie de requisitos ambientales. Así, según las cifras facilitadas por De Torre, se van a ver afectadas 7.500 hectáreas de salinas e instalaciones de acuicultura. Alude a la existencia de salinas «abandonadas» en dicho espacio –34 en Puerto Real, siete en Chiclana y cinco en San Fernando, según ha concretado–, que «podrán ser revitalizadas si cumplen los requisitos» de titularidad y en explotación con anterioridad a 1988. Por tanto, «es posible que se pueda generar más actividad económica como consecuencia de esta normativa», señala el subdelegado, que detalla que la actividad salinera genera actualmente en la provincia gaditana 1.950 empleos. La prórroga concesional a 75 años anteriormente citada afecta a 137 viviendas y unas 700 personas, así como a cinco hoteles de Rota, Barbate, Tarifa, San Roque y La Línea. En cuanto a cultivos marinos distintos a salinas, destaca la afección a 29 en Puerto Real, 24 en San Fernando y a 30 en Chiclana; a cinco industrias en Conil, cuatro en Cádiz o tres de Barbate –no son industrias productivas, sino estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), molinos de marea y similares–. En lo que respecta a chiringuitos, restaurantes y otras instalaciones de este tipo, alude a unas 170 en todo el litoral gaditano. Con la nueva normativa van a poder ampliar las autorizaciones de uno a cuatro años, contribuyendo a la «estabilidad de la inversión que tienen que hacer estas personas». De Torre ha enfatizado la actividad y facturación que se hace en restaurantes y chiringuitos gaditanos «ronda los 54 millones de euros», lo que da muestras de su «importancia económica» y en términos de empleo. Por otro lado, preguntado por si la nueva normativa puede influir en la tramitación del proyecto de Las Aletas, De Torre ha dicho que «no tiene nada que ver», ya que «el dominio público marítimo terrestre en el supuesto de Las Aletas sigue calificándose igual y está sujeto a la misma normativa y sin ningún tipo de modificación». Cabe recordar que el senador, presidente provincial del PP de Cádiz y ponente de la Ley de Costas, Antonio Sanz, manifestaba recientemente que la nueva normativa podría suponer una «oportunidad» para dar el «impulso definitivo» al proyecto de Las Aletas
