Este Gobierno ha convertido la crisis en la excusa para llevar a cabo una serie de reformas que no tienen nada que ver con sus causas, ni van a ayudar en absoluto a salir de ella. El ministro Montoro viene anunciando periódicamente la reforma local, pero ha tenido que posponerla porque se les han rebelado hasta los alcaldes de su partido, razón por la que Javier Arenas anda desgañitado, repartiendo paz entre ellos y tratando de encontrar fórmulas de entendimiento con los socialistas. Sin embargo, Gaspar Zarrías del PSOE ha descartado cualquier tipo de acuerdo con el PP, porque dice que el Gobierno de Rajoy pretende eliminar con esta reforma los servicios sociales en los pueblos de menos de 20.000 habitantes y vaciar de contenido al 90 por ciento de los ayuntamientos españoles.
Mi amigo Antonio Casaus, que sabe mucho de ayuntamientos, sobre todo de los del Campo de Gibraltar, dice que la “gran reforma” de la administración municipal sigue siendo una “batalla soterrada” de la que el ministro periódicamente y con cuidada mesura deja escapar algún detalle, -como el sábado en la convención municipal del PP andaluz de Jerez de la Frontera- que normalmente encabrita a los presumiblemente perjudicados. Hay demasiadas bocas pendientes de este “gran puchero” que son los ayuntamientos. Y no hay que ser un experto en ciencias políticas para entender que los ayuntamientos “ganan en cercanía” a Diputaciones y a cualquier otro órgano del Estado, que siempre quedan muy alejados de los ciudadanos y todavía más distanciados de sus intereses.
Tratar a los Ayuntamientos como una simple unidad de gasto, como pretende el ministro, estableciendo un coste estándar desde Madrid -cuya deuda pública a finales de 2012 era de 7.429 millones de euros, es decir, el 21% de todos los Ayuntamientos españoles o más que todos los de Andalucía juntos- significa que aquél municipio que no los ofrezca por debajo de ese estándar debe privatizar su gestión. Esto abre el paso a las grandes empresas haciendo un daño muy grave, particularmente en Andalucía, a las pymes y a las empresas de economía social. La reforma del PP pretende destruir, y puede conseguirlo si lo dejamos, un espacio básico de convivencia e identidad colectiva y una instancia esencial para la participación ciudadana y la democracia. Pero todo eso parece que le interesa muy poco al PP, si hay negocio a repartir o gestión pública que privatizar.
