Mestre ha respondido mediante un comunicado a las críticas lanzadas por el presidente del comité de empresa de la almadraba tarifeña, Luciano Muriel, quien, en declaraciones a Europa Press, ha culpado el PP de «tergiversar» en este asunto, y de consentir que no se haya aplicado «la subida del cuatro por ciento acordada por la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico en Agadir para las cuotas de atún rojo», algo que, en su opinión, «ha privado a la provincia de la pesca de más de 30 toneladas». Al hilo de estas palabras, la parlamentaria ‘popular’ concluye que los almadraberos de Tarifa «sólo piensan en su propio interés y no en el interés general del sector», ya que, según ha subrayado, el actual reparto de la cuota del atún rojo beneficia a la flota artesanal en la provincia, conformada por «60 embarcaciones y 150 trabajadores, entre los que se encuentran pescadores de Tarifa». Por ello, la representante del PP ha lamentado que el comité de empresa de la almadraba de Tarifa «no tenga en cuenta» ese beneficio y «quiera ir por libre, sin contar con el resto del sector». Además, Mestre ha defendido el «compromiso real» del Gobierno del PP y de «todos los dirigentes del PP de Cádiz» –especialmente, ha apostillado, del presidente de los ‘populares’ gaditanos, Antonio Sanz, y del portavoz de Pesca en el Parlamento andaluz, José Manuel Martínez–, con el sector pesquero «al realizar por primera vez un reparto que mantiene las mismas toneladas que el año pasado para las almadrabas, pero que además se hace de manera solidaria para que la flota artesanal pueda salir también a faenar». En esta línea, ha valorado también «la gran labor, el esfuerzo y las gestiones del Gobierno de Rajoy en la defensa de la pesquería del atún rojo», lo que, según ha asegurado, «ha permitido que en la campaña 2013 se haya incrementado la cuota de captura en un cuatro por ciento». Según Mestre, la cuota garantiza «el mantenimiento de la actividad y los puestos de trabajo», de ahí que «no entienda» las palabras del comité de empresa de la almadraba de Tarifa, que «no sufre ningún tipo de perjuicio con este reparto, ya que se mantienen las mismas toneladas, 650, que en años anteriores». Además, ha aseverado que se han establecido «criterios de racionalidad», de forma que el reparto del fondo de maniobra se lleva a cabo «con criterios más sociales, incrementando la cuota de los que menos tienen y fomentando el desarrollo económico y la creación de empleo», así como «se mantiene la continuidad de los estudios y se garantiza un seguimiento suficiente para el mantenimiento de la especie a través del Instituto Español de Oceanografía y contando con financiación europea». A juicio de Mestre, la actitud de la almadraba de Tarifa «sólo busca la confrontación sin argumentos, y lo único que consigue con esa postura es perjudicar a los trabajadores de la flota artesanal, una postura muy egoísta, dada la situación que atraviesa el sector».
