IAM|A.L.J.
Dicen los expertos que sólo hay algo peor que reformar las pensiones, e incluso no reformarlas, y es reformarlas sin consenso. Pero me figuro que algo habrá que hacer porque a medio plazo las cuentas no cuadran, ni siquiera en la hipótesis de una recuperación aceptable del empleo, y menos con la amenaza de una quiebra real, nada fantasmagórica.El informe para la reforma del sistema de pensiones elaborado por un consejo de expertos -el mejor modo que se ha encontrado en política para equivocarse entre varios- consagra legalmente algo que ya ha sucedido en los últimos dos años, la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones en tiempos de crisis o su congelación por un largo periodo como sucede ahora, si la economía va mal. Es decir, la perogrullada o simpleza del siglo, en épocas malas las pensiones bajan.Este informe de los expertos ya ha sido entregado al Ejecutivo. Y ha sido asumido por 10 de los 12 miembros del grupo (un voto en contra y una abstención), con tres votos particulares. Los votos particulares corresponden a Miguel Ángel García, jefe del gabinete de estudios de CCOO, quien no obstante ha votado a favor del texto. El rechazo viene de Santos Ruesga, Catedrático de Economía Aplicada, que entró en el consejo a propuesta del PSOE y la abstención de José Luis Tortuero, Catedrático de Seguridad Social, también propuesto por el PSOE.Ahora, el Gobierno remitirá el informe a la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de las pensiones (Pacto de Toledo), y abrirá las conversaciones con los sindicatos y la patronal, a ello se comprometió Rajoy. La reforma final -“el comité se pronuncia a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y prudente, dentro del periodo 2014-2019”- tiene que estar lista en septiembre, a ello se ha comprometido el Ejecutivo con la Comisión Europea.Las conclusiones del informe de los expertos pasan por poner en marcha un doble mecanismo de ahorro para la Seguridad Social. Por un lado, desvincular las pensiones de la marcha de los precios ligándolas a la salud de las cuentas del instituto público y, por otro, vincular la pensión inicial de los recién jubilados a la esperanza de vida en el momento de retirarse, tal y como figuraba en el primer borrador presentado y aprobado ya definitivamente el pasado viernes.La principal novedad de la reforma que se avecina es que afectará tanto a los pensionistas futuros como, y sobre todo, a los actuales. Si la propuesta sale adelante en los términos redactados, por primera vez una reforma de este tipo se aplicará sobre quienes ya son pensionistas en el momento de su entrada en vigor. Hay que tener en cuenta que la actualización anual es el elemento que más contribuye al incremento anual de la factura de las pensiones (teniendo en cuenta la inflación, una media de 2.000 millones anuales desde los años ochenta).La propuesta no aconseja seguir retrasando la edad legal de jubilación más allá de los 67 años ni anticipar su llegada antes de 2027, ni tampoco modificar o acelerar los cambios en el periodo del cómputo de la pensión ya previstos. En cambio propone una nueva fórmula para actualizarlas cada año. En ella tendrían un protagonismo fundamental los ingresos y los gastos del sistema, tanto en el ejercicio vigente como en varios anteriores y posteriores según las previsiones de hasta cinco años.En situaciones como la que vivimos, el resultado de esta fórmula puede dar lugar a recortes sobre la pensión y no solo la congelación. Y para que eso no ocurra, el informe aconseja “la fijación de una cláusula suelo que impida la caída de las pensiones de quienes ya estén jubilados en el momento de aplicar el factor”. Aunque deja abierta la puerta a que eso suceda con quienes se retiren en el futuro. Sin embargo, al estudiar con atención la fórmula y leyendo el informe detenidamente, se deja un mecanismo en manos del Gobierno de turno para que no haya recortes sobre las pensiones, que es aportar más ingresos al sistema a través de los impuestos y no solo por las cotizaciones. Pero me temo que eso será difícil de aplicar porque esos dineros habría que retirarlos de otras partidas presupuestarias y tendríamos que contar con el beneplácito del directorio europeo.De quedar así la propuesta en la reforma definitiva, y teniendo en cuenta el poco y pobre debate parlamentario que habrá con la mayoría absoluta del PP, se complica enormemente el escenario anual de actualización de las pensiones. El propio informe lo contempla cuando aconseja que “por razones de justicia y prudencia, el factor de revalorización anual debe aplicarse a los pensionistas actuales y futuros en grados y bajo modalidades distintas”. Y todo eso teniendo en cuenta que se hace en el marco de un periodo transitorio de retraso paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y aumento del periodo de cálculo de las pensiones hasta 25 años en 2022.El factor de sostenibilidad propuesto por el comité contempla un segundo mecanismo de ajuste, la vinculación de la primera pensión del jubilado a la esperanza de vida al retirarse. Esto se traduce en una merma de las pensiones futuras como admite el informe, “implica un ajuste a la baja en el cálculo de la pensión inicial, aunque en magnitudes del 5% cada 10 años”. Espero que este mecanismo de ajuste sufra modificaciones en las negociaciones políticas y sociales, porque si no España pasaría a ser el primer país europeo con un doble mecanismo automático de ajuste y contención de gasto en el sistema de pensiones. Uno sobre la pensión inicial, basada en un elemento demográfico, y otro sobre la actualización anual, asentado en la coyuntura económica.Conscientes de la impopularidad de la propuesta, y aunque el objetivo sea la “sostenibilidad del sistema público de pensiones”, el informe está redactado en tono defensivo. “El factor de sostenibilidad no es sinónimo de recorte” defiende el texto. Y argumenta: “A medio y largo plazo, la pensión media representará un porcentaje menor del salario medio, sin embargo, la pensión media real aumentará”. Es cierto que la pensión media puede crecer por otras causas, pero en todo caso será menor que si no se aplicasen nuevas fórmulas como “considerar las cotizaciones de toda la vida laboral”.También la propuesta responde a las posibles críticas de modelo tecnocrático al redactarla personas ajenas a los votos de la ciudadanía. “Aunque el factor de sostenibilidad impone una serie de restricciones que han de cumplirse anualmente para asegurar el equilibrio presupuestario, no impide la actuación del pacto político y social”, apunta el texto. “No sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera la erosiona o matiza”, prosigue. Y, a continuación, pasa a justificar por qué dejan margen de maniobra en las fórmulas (años a tener en cuenta, parámetros correctores, cláusulas amortiguadoras o momento de entrada en vigor). La pelota está ahora en el tejado del Gobierno de Rajoy.Pero que tenga en cuenta y no se olvide este Gobierno que el sistema de jubilación es la última ratio del maltrecho Estado del bienestar y genera una susceptibilidad de primer grado, porque representa para la mayoría de nosotros el futuro en el que va a transcurrir el resto de nuestras vidas. Y que una reforma unilateral, por más que venga impuesta por Europa, podría romper el último lazo del Gobierno con una sociedad que ya se siente bastante maltratada por sus ajustes y recortes. Esto les conduciría a una catástrofe electoral, y la reforma no serviría de gran cosa porque la revocaría la izquierda en cuanto accediese al poder. No tienen un trabajo fácil, tampoco obligatorio, pero lo que resulta imperativo por el bien de todos es que acierten en la reforma.
