IAM/ALJEl ex presidente, José María Aznar, decía cuando aprobó su famosa ley del suelo que “todo lo que no está prohibido está permitido”. Creo que Aznar estaba tan confundido entonces como ahora lo están sus compinches del PP, ya que no distinguía ni distinguen lo legal de lo ético. Lo legal y lo ético se mueven siempre en distintos planos: lo legal nos dice “lo que está permitido o regulado por las leyes” y lo ético “lo que se debe hacer o es correcto hacer”.Creo que el presidente del Gobierno, el del Tribunal Constitucional o los responsables de otras instituciones del Estado (Defensor del Pueblo, Consejo de Estado, Comisión Nacional del Mercado de Valores) pueden estar en un continuo conflicto ético por sus actuaciones, aunque sus compinches se apresuren a decirnos que esas actuaciones no son nada ilegales, cuando la mayoría de ellas tienen como objeto fundamental el control de los actos del Gobierno.La prensa ha puesto sobre la mesa este tipo de comportamientos poco éticos y nada ejemplares de los partidos y los miembros más destacados de nuestras instituciones. Y posiblemente si los ciudadanos hubiéramos rechazado de una manera mucho más activa esas actitudes, habríamos conseguido que nuestros juzgados y tribunales estuvieran menos atascados por asuntos que básicamente tienen que ver con la decencia, la honradez y la salud democrática, pero no con la ley. Y para los que la única salida es la dimisión.Hablar de prescripción en el caso de delitos de financiación ilegal o como de una cuestión no penal la incompatibilidad, son comportamientos inadmisibles que inhabilitan para presidir el Consejo de Ministros, el Tribunal Constitucional y otras instituciones del Estado. Estos son problemas políticos y éticos de envergadura, que si no se reconocen cuando corresponden se agravan, sobre todo cuando la ciudadanía está pasando por una situación tan grave de crisis, depresión y paro.
