¿Por qué el alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil, no responde sobre la posible venta de arena de la duna de Valdevaqueros a Gibraltar con permiso municipal?¿Por qué el alcalde de Tarifa no desmiente al gobierno de Gibraltar que sostiene que contaba para su compra de arena con los permisos necesarios concedidos por el Ayuntamiento tarifeño?¿Por qué el alcalde de Tarifa no ha esperado a la retirada de arena del resultado de las consultas y estudios que estaba realizando sobre el tema la Dirección General de Calidad y Evaluación Medio Ambiental sobre las posibles afecciones de esa retirada de arena a la Red Natural 2.000 del Estrecho?¿Por qué no confirma alguien la cantidad de arena extraída y trasvasada a Gibraltar? Según el gobierno de Picardo fueron 3.000 toneladas de un total de 10.000, los ecologistas dicen que son muchas más y el alcalde de Tarifa no dice nada.¿Por qué las autoridades españolas, que tenían puntual información a través de la Policía Fronteriza con Gibraltar y registro de los movimientos, cantidades y origen de la arena con documentación aduanera incluida, no han hecho nada ni dicen nada?¿Por qué el Ayuntamiento de Tarifa -canino como todos los municipios españoles- se va a gastar 600.000 euros en un proyecto de retirada regular de hasta 550.000 metros cúbicos de arena de la duna de Valdevaqueros para facilitar el acceso a las viviendas posiblemente ilegales del pequeño núcleo de Paloma Baja?¿Por qué no se informa ya del resultado del estudio del impacto medioambiental del proyecto anterior y de las alegaciones presentadas?   Estas y otras preguntas deberían ser contestadas por algún alcalde o institución del Estado, si es que las instituciones del Estado funcionan todavía en este país. Y así no tenemos que esperar a que lo haga la Fiscalía y la Justicia. Aquí no estamos hablando del conflicto puntual de Gibraltar, sino de la depuración de responsabilidades frente a posibles corrupciones.