Cuyo proyecto de ley ha sido ya aprobado y que traerá consigo una vez sea puesta en marcha, “el recorte de servicios, despidos de empleados públicos y privatizaciones”, según apuntó el coordinador provincial de IU, Manuel Cárdenas, en una rueda de prensa en la que también ha participado la parlamentaria andaluza por Cádiz, Inmaculada Nieto, el diputado provincial y alcalde de Espera, Pedro Romero y el alcalde de Conil de la Frontera, Juan Bermúdez.
Cárdenas señaló que de acuerdo con lo consensuado en las jornadas andaluzas que se desarrollaron el pasado viernes para analizar las consecuencias de la reforma de la administración local, la provincia desarrollará una serie de protestas que estarán concentradas a lo largo de una semana y que coincidirá en tiempo con alguna de las etapas de la tramitación de la propia ley, teniendo en cuenta que ésta dará comienzo el próximo 8 de octubre y que el 17 se debatirán las enmiendas a la totalidad, entre ellas, la que ya ha anunciado que presentará la propia Izquierda Unida. Así, y según detalló el diputado provincial de IU, se celebrarán plenos extraordinarios en los municipios en los que gobierna IU y se realizarán encierros simultáneos en las diputaciones de toda Andalucía. Asimismo, se llevarán a cabo actos públicos en los municipios y un acto central en Madrid.
Romero recordó que IU lleva meses informando a funcionarios públicos, colectivos sociales y ciudadanía en general de toda la provincia sobre los efectos que tendrá la reforma, en los municipios de menos de 20.000 habitantes y de manera especial, en los de menos de 5.000. Para el diputado provincial, “la única vía que nos queda es la protesta y seguir trasladando a la ciudadanía las importantes consecuencias de la ley”, tras añadir que de lo que se está hablando es de “quitar competencias a los municipios, acabar con el municipalismo y centralizar estas competencias en las diputaciones, instituciones que nosotros consideramos ancladas en el tiempo, porque creemos más en las comarcas y en una gestión cercana al ciudadano a través de los ayuntamientos”.
Como contrapunto a este modelo de gestión, tanto Romero como Cárdenas destacaron el ejemplo de gestión desde lo público que se está realizando en la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz y apuntaron que frente a la privatización de un servicio como es la gestión del agua en municipios como El Puerto de Santa María, Arcos o Jerez de la Frontera, la Mancomunidad apuesta por ofrecer servicios públicos mediante gestión pública; “beber un vaso de agua en el centro de Jerez costará un 30% más caro que en la Sierra”, apuntó Cárdenas como ejemplo paradigmático de las consecuencias de privatizaciones de servicios públicos. “Hemos apostado por lo público, estamos gestionando el agua a través de la empresa pública Aguas de la Sierra de Cádiz, gestionamos la basura a través de la empresa Básica, que gestiona la recogida en cinco municipios, el tratamiento en 11 y estamos negociando con muchos municipios, de dentro -como las pedanías de Jerez- y de fuera de la provincia, además de la red guarderías y comedores”, detalló Romero en referencia a la gestión que realiza IU en la Mancomunidad de la Sierra, tras defender una gestión desde lo público porque en este modelo “no puede haber engaño, va a haber transparencia y una gestión directa de la Mancomunidad que sólo desea que los ciudadanos tengan servicios de calidad”.
Por su parte, la parlamentaria andaluza de IU, Inmaculada Nieto, habló del “falso discurso del PP de ahorro multimillonario, cuando desgranando el proyecto de ley se comprueba que éste sólo se conseguiría con el despido de miles de trabajadores y el deterioro de las condiciones de los que quedaran”. Nieto señaló que la ley trae consigo “la muerte casi certificada de municipios pequeños, porque se incorporan criterios de eficiencia económica y no de rentabilidad social para mantener o no determinados servicios públicos”. Esta situación generará, según alertó, “una gran desventaja de vecinos que habiten en pequeños municipios respecto al resto”. Recordó ademas, que esta ley, “claramente inconstitucional” nace al amparo del “disparate” que supuso la modificación del art. 135 de la Constitución Española aprobado por PP y PSOE, “limita la capacidad de maniobra de las instituciones” y perjudica gravemente al ciudadano, por lo que apostó por “responder con contundencia”.
