Ana Messuti es Licenciada en derecho por la Universidad de Buenos Aires, donde inició su carrera docente en filosofía del derecho. Obtuvo el título de Doctora en derecho por la Universidad de Salamanca. Fue funcionaria de las Naciones Unidas en Viena y Ginebra. Y se ha especializado en filosofía del derecho penal en la Universidad “La Sapienza” de Roma, abordando principalmente los temas relacionados con el tiempo y la pena. Continuó su actividad académica en el Instituto Vasco de Criminología de San Sebastián, en la Escuela de la Magistratura de la Ciudad de San Pablo en Brasil, en la Universidad de Ginebra, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Rosario (Argentina).
La abogada Messuti contaba que la querella en la Argentina fue posible al cerrarse todas las puertas de la justicia española a los familiares de las víctimas del franquismo, tras la suspensión del juez Baltasar Garzón y el auto del Supremo que eliminaba cualquier vía para la investigación penal de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura. Los familiares ya no estaban dispuestos a conformarse y, deshaciendo el camino que anteriormente habían hecho las víctimas de la dictadura de Jorge Rafael Videla a Madrid, llamaron a la puerta de Messuti y su colega Carlos Slepoy para abrir las puertas de la justicia argentina. El primer querellante fue el hijo de un alcalde gallego, regidor de su pueblo durante la República, al que asesinaron tras el golpe militar del 36. Este hombre tiene 91 años en la actualidad, y embarcó solo rumbo a la Argentina con 9 años tras la muerte de su padre.
La querella se presentó en Buenos Aires el 14 de Abril de 2010, día de la República, en un acto que contó con la presencia del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. En principio fue desestimada porque en España “había procesos judiciales en curso” sobre los crímenes denunciados y se archivó la causa. Pero el 3 de septiembre de ese año, la sala segunda de la Cámara Criminal Federal de Argentina obligó a reabrir la causa. En Octubre de 2010, la juez libró un exhorto diplomático al Gobierno para que le informara de si se estaba investigando en España un plan sistemático de exterminio de los “partidarios de la forma representativa de gobierno” entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
Ana Messuti revisó todas las dificultades que los abogados han ido sorteando hasta la fecha, pues después de las muchas actuaciones de la justicia argentina, el Gobierno español respondió que las personas a las que se les imputaba “la autoría intelectual” del plan de exterminio franquista habían fallecido y que en cualquier caso, España tenía “competencia preferente” para juzgarlos. La jueza argentina decidió entonces tomar declaración a las víctimas -ya son 235 querellantes- y solicitó autorización para desplazarse a España en septiembre de 2012. Le dieron permiso, pero pocos medios y menos días, por lo que desistió. En mayo de 2013 decidió tomar los testimonios por videoconferencia en consulados argentinos, pero el procedimiento se suspendió por “el malestar” que causaba al Gobierno español lo que se estaba haciendo según el embajador argentino.
Todo esto obligó a la jueza argentina a emplear nada menos que 204 folios, decía Messuti, para justificar la petición de detención de cuatro policías torturadores en un auto del pasado 18 de septiembre. Además se anuncian más peticiones. Los nietos de las víctimas celebran como un triunfo lo que está ocurriendo, dicen que “era impensable que llegará el día que hubiera una orden de detención internacional contra cargos franquistas”. Ana Messuti tiene claro que el muro de impunidad del franquismo se está resquebrajando, igual que ocurrió en Argentina, y está convencida de que en España habrá jueces que, pese a lo que ocurrió con Garzón, se atreverán a investigar los crímenes del franquismo. Todo esto es producto del tesón de las víctimas, que ya no se conforman y están muy acostumbradas a esperar. Por ellos por fin podremos conseguir para todos: Verdad, Justicia y Reparación.
