En un auto dictado este viernes, el magistrado señala que este flujo económico, que llega a calificar como «contabilidad paralela o B» de la que eran «presuntos encargados» los extesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, habría sido «continua en el tiempo» y se habría desarrollado «al margen de la contabilidad remitida por el PP al Tribunal de Cuentas». El juez Ruz, que llega a esta conclusión tras advertir las coincidencias que existen entre los denominados ‘papeles de Bárcenas’ y la documentación intervenida en la sede de la empresa Unifica, que llevó a cabo las obras de Génova, imputa al arquitecto Gonzalo Urquijo como autor de un delito contra la Hacienda Pública del que habrían sido cooperadores necesarios el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exgerente Cristóbal Páez. En su resolución, en la que cita como imputados a Urquijo y Páez para el próximo 16 de diciembre, Ruz también señala que, además de la «eventual responsabilidad tributaria», estos hechos podrían «conducir a confirmar la presencia de indicios de presuntos delitos de falsedad documental o contable, todo ello sin perjuicio de ulterior valoración». «VERACIDAD» DE TRES APUNTES El instructor de la causa en la que se investiga la supuesta contabilidad B del PP señala que, tal y como refleja un informe que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) le ha remitido este jueves, la documentación intervenida a Urquijo da «veracidad» a tres salidas contables por valor de 888.000 euros computadas en 2008 en la contabilidad B de Bárcenas. En la sede de Unifica en la calle Conde de Peñalver de Madrid, que fue registrada el pasado 27 de septiembre, la Policía halló una factura de 195.000 euros por obras en la planta segunda de Génova que en los papeles del extesorero fue consignada como una salida cuyo beneficiario era ‘Gonz. Urquijo’; así como otro recibo de 232.000 euros (235.000 en la contabilidad B para ‘G.U.’) relativo a las obras en la planta tercera. En relación con los trabajos que se acometieron en las plantas cuarta y quinta, se incautó una factura por importe de 560.895,35 euros que coincidiría, según los papeles del extesorero, con dos salidas para ‘G.U.’ y ‘Gonzalo (arquitecto)’ de 200.000 y 258.000 euros, respectivamente. LOS PAPELES DE URQUIJO El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también ordena en su auto la realización de una prueba pericial caligráfica sobre varios documentos manuscritos y un cuaderno incautados en el despacho de Urquijo en el que aparecían anotaciones sobre los pagos realizados por el PP. «He recibido de D. Luis Bárcenas la cantidad de 200.00 € (sic) en concepto de pago complementario de la factura, de la planta 4ª con la que queda cancelado dicha factura», señalaba una de las anotaciones. Las otras dos indicaban: «Pierde el recibí Contabilidad y me hacen recibí en mano en Octubre, 235.000» y «Pierden recibí en obra piden les firme. En diciembre». Además de Urquijo y Páez, el juez ha citado a declarar el mismo 16 de diciembre como testigos a los trabajdores de Unifica María Rey Salinero y Laura Montero Almazán, que habrían mantenido contactos por correo electrónico con responsables del PP por las reformas de la sede, y al exjefe de Seguridad ‘popular’ y cuñado de Bárcenas, Antonio de la Fuente, quien «habría participado en el seguimiento y decisiones» sobre esta reforma. También da cinco días a Unifica para que identifique a su responsable financiero entre 2006 y 2009 y le remita «las facturas, presupuestos, certificaciones finales y todos los documentos que posean» de los trabajos que se realizaron en la sede del PP en la sala de prensa, ubicada en la planta segunda, y en el despacho de dirección de la planta séptima. MOVIMIENTOS DE LA EMPRESA Además, pide a la Banca March, en la que la constructora tenía una cuenta, que le facilite los movimientos bancarios de este depósito entre 2005 y 2011, señalando el origen y destino de todas las transferencias. Finalmente, se dirige a la Agencia Tributaria para que, a partir de toda la documentación incautada en la sede de Unifica emita un informe complementario al que realizó el pasado 25 de septiembre, en el que apreciaba «indicios de una falta de concordancia o descuadre» en la facturación realizada por la empresa en relación con las obras de remodelación de la sede del PP.
