Según informa la Junta en un comunicado, esta nueva cuantía corresponde a una parte de los servicios prestados por los turnos de oficio del primer trimestre de este año en la provincia. En concreto, la Consejería ha abonado 188.073 a los abogados y 75.705 euros a los procuradores de Cádiz. Con este nuevo pago, el importe abonado en la provincia en lo que va de año alcanza los 5,9 millones de euros por la prestación de este servicio, lo cual ha permitido rebajar el volumen de los pagos pendientes por la prestación de este servicio y los plazos de abono. De esta forma, la Administración andaluza «sigue manteniendo su compromiso de atender estos pagos a abogados y procuradores, pese a las dificultades económicas y presupuestarias actuales», tal como viene realizando desde el mes de julio del pasado año.NUEVO CALENDARIO DE PAGOS La Consejería y representantes del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados acordaron recientemente un nuevo calendario de pagos para la asistencia jurídica gratuita con el objetivo de avanzar en el abono de este servicio fundamental para la ciudadanía y garantizar así su prestación en la «difícil coyuntura económica y presupuestaria actual». Según el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, «con este acuerdo la Consejería seguirá abonando mensualmente diversas cuantías de este servicio y se compromete a sufragar los servicios prestados por los letrados pendientes de este año durante el primer cuatrimestre de 2014». En concreto, se sufragarán mensualmente y hasta el próximo mes de abril todos los servicios y gastos de 2013 que hayan sido certificados por la Administración autonómica y que suponen una cuantía que supera los 18 millones de euros para toda Andalucía. López Gil ha subrayado «el gran esfuerzo que realizan los letrados y procuradores gaditanos en la prestación de la asistencia jurídica gratuita, destacando su dedicación y compromiso por el sostenimiento de este servicio fundamental». Además, ha señalado la coincidencia con los consejos andaluces de estos colegios profesionales en la necesidad de priorizar y asegurar este servicio «esencial» para la ciudadanía.
