La investigación abierta en el juzgado nº 4 de Algeciras, que indaga en un supuesto caso de fraude en ayudas públicas para la formación de desempleados, cuenta con nuevos actores. Las pesquisas en torno a la empresa Natura, receptora de millonarias subvenciones en los últimos años para organizar cursos, estaban siendo materia casi en exclusiva de la jueza instructora, de la representación letrada de la docente que denunció el posible pufo y recientemente del abogado que defiende a la primera imputada; una empleada de la citada sociedad bajo sospecha. Sin embargo, una de las últimas providencias dictadas por la magistrada ordena que la Guardia Civil se haga cargo del caso -específicamente pide que trabaje en él un grupo especializado-, para que elabore un atestado sobre los hechos que expone la denunciante. Como viene informando este medio desde hace más de un año una profesora, representada por el despacho del letrado Enrique Montiel, asegura que responsables de esta empresa le habrían propuesto a ella y a sus compañeros una fórmula de cobro mediante la presentación de facturas falsas a cambio de impartir cursos para desempleados subvencionados por la Junta de Andalucía.
Las pesquisas judiciales han tenido consecuencias en el ámbito de la Administración regional. La Junta le ha abierto un expediente a esta empresa por posible desvío de una subvención otorgada por importe de 1,5 millones en 2010. La Junta admite en una resolución fechada en septiembre que pudo haberse destinado para otros fines, que no fueran la realización de 30 cursos, esa cuantiosa partida y no descarta las acciones penales.
Este movimiento se produce después de que el juzgado lleve meses investigando y el caso haya saltado a los medios de comunicación. Así, la Junta se ha interesado por el estado de las diligencias. A través de la Consejería de Educación elevó un escrito a la jueza para conocer en qué situación procesal estaba el asunto y esta petición de información fue resuelta con un escueto: bajo instrucción.
También coincide en el tiempo, lo que podría indicar que existe una relación de causa-efecto, el cese de Teresa Florido, la que fuera directora general de Formación Profesional para el Empleo hasta el pasado mes de octubre. Bajo su mandato Natura se convirtió en una de las empresas que más ayudas públicas recibía incluso después de que empezaran a plantearse las primeras quejas por posibles irregularidades en la contratación de docentes ante la Inspección de Trabajo.
Entre la exdirectora general y Natura existen lazos que los unen. La empresa, también denominada Asociación de Apoyo al Medio Ambiente, está integrada en la Fundación de la Formación Profesional para el Empleo (FORPE), la cual se constituyó en febrero de 2010 y en cuyo Registro de Fundaciones del Ministerio de Educación aparece el exconsejero de Economía Ángel Ojeda. El que fuera miembro del equipo de Gobierno de Rodríguez de la Borbolla es cuñado de Teresa Florido.
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Ojeda guarda buenos contactos en el Partido Socialista. Así, en el año 2010, el propio Ojeda acudió a Sanlúcar, como representante de la Fundación, para firmar dos convenios de colaboración con el Ayuntamiento. El objetivo era poner en marcha un importante centro de reciclaje formativo para desempleados que se quedó en nada. La jueza preguntó recientemente a Forpe qué había sido de estos acuerdos, y desde la Fundación se respondió que no se habían ejecutado por incumplimiento del Consistorio. Las indagaciones no han desvelado si la empresa recibió parte o la totalidad de las cantidades pactadas en esos acuerdos, del que Forpe, por cierto, dijo a la jueza no guardar copia.
Como responsable última de las ayudas que recibió Natura, Teresa Florida será citada a declarar como testigo; al igual que el representante legal de Forpe que en este caso no es Ojeda sino otra persona cuyo nombre consta en la providencia de la jueza a la que ha tenido acceso este periódico.
El fiscal no se opone a esta diligencia como tampoco a la segunda imputación que se produce en el caso: la de un formador del colectivo de exDelphi que ya declaró como testigo. Esta persona fue señalada por la profesora que ha denunciando los hechos y también por otros compañeros que han prestado declaración como la persona que les informó de la fórmula de cobro mediante facturas cuyos conceptos «nunca quedaron claros». Cuando se reunió con ellos en el año 2011, esta persona se identificó ante ellos como personal que participó en los cursos de formación de Delphi; algo que este periódico ha podido confirmar por extrabajadores de la factoría.
Cuando declaró como testigo, negó las afirmaciones vertidas por los profesores. Su versión fue que les había explicado cómo funcionaba el régimen de autónomos, cómo debían facturar y declarar el IVA. Y sí ratificó que había trabajado en los cursos de formación que impartieron los trabajadores de Delphi cuando la factoría cerró.
Forpe recibió millonarias subvenciones para impartir la formación de estos trabajadores y conseguir su reciclaje profesional. Hoy en día un grupo que ronda el medio centenar siguen buscando una salida laboral y son las víctimas de las promesas incumplidas por parte de la Junta de Andalucía que se comprometió a recolocar a todos aquellos operarios que no tomaban la salida de la prejubilación. El Plan Bahía Competitiva fue el instrumento anunciado para captar empresas que absorbieran al colectivo. Hoy la gestión de ese plan es materia de un juzgado.
