Afirma que la finca ha sido deficitaria «en los últimos 15 años» y que ella se ha puesto al frente «para ayudar, no para plantear problemas» y, de hecho, puede anunciar que, «por primera vez en muchos años, La Almoraima dará beneficios en el ejercicio 2013».
En declaraciones a Europa Press, ha avanzado que habrá beneficios en el ejercicio «a pesar de habernos tragado los aproximadamente 400.000 euros» que han aparecido «de pérdidas extraordinarias por mala gestión de años anteriores, fundamentalmente en temas como el algodón y la ganadería y la falsedad en las existencias contables que había al cierre de 2011».
Está convencida de haber «mejorado enormemente la gestión» de la finca y cree poder «seguir haciéndolo». No en vano, «el presupuesto que estamos cerrando para 2014 prevé, por primera vez, beneficios de cierta importancia» y que «podrá seguir estando en beneficios de una manera recurrente». Respecto a la denuncia de Verdemar, señala que tiene «todo el apoyo» del Ministerio ante el que la han presentado. «Tengo todo el apoyo que necesite para continuar», ha declarado.
En cualquier caso, reconoce sentirse «indignada» y no descarta querellarse contra este colectivo «si continúan por esta vía».
«Nadie tiene nada que reprocharme, porque estoy haciendo un servicio más que otra cosa y me dejo la piel trabajando» por un salario que califica de «ridículo» en comparación con lo que ha venido cobrando a lo largo de su trayectoria profesional como alto directivo de empresas del sector privado. En este sentido, abunda que es «una falsedad» que su sueldo tenga «nada que ver» con la cantidad de 100.000 euros que plantean los ecologistas y recuerda que «estaba jubilada y he venido aquí para ayudar».
También deja claro que se siente «muy orgullosa» de haber sido diputada del PP, pero «no soy miembro del PP y me marché de la política en el año 1989». Por lo demás, ha estado más de 20 años vinculada al sector privado. Igualmente, califica de «falso» que esté «en el hotel gratis» con su familia y asegura que paga sus comidas, su manutención y sus viajes por su cuenta con su dinero, lo cual puede atestiguar «con unas 200 facturas» de todo lo que hace en La Almoraima, pues tiene «la suficiente experiencia» como para ello. De la misma manera, niega tener «ningún conflicto de intereses» porque su marido tenga una finca, pues «no tiene nada que ver» y «no sólo no es incompatible, cosa que ya pregunté en su día para aceptar el cargo», sino que todo el conocimiento que tiene del sector corchero a través de la finca de su cónyuge es «el que estoy poniendo a disposición de la finca de La Almoraima».
Pide también que le cuenten cuáles son los supuestos «privilegios inusuales» que tiene desde marzo de 2012, enfatizando que tiene gastos de representación «cero», pues «ni los tengo, ni los he pedido ni los quiero tener». Tampoco tiene asesores, según apunta. «Estoy aquí por ayudar a que una finca absolutamente mal gerenciada durante todos estos años pueda tener una salida y una viabilidad que no ha tenido hasta ahora». Deja claro en este punto que la finca ha sido deficitaria «en los últimos 15 años», y tilda de «estupidez» que se haga alusión exclusivamente en la denuncia a aquellos en los que gobernaba el PP.
Por otra parte, la directora gerente de La Almoraima reta a los ecologistas a que le pongan «un solo ejemplo de una finca rentable, viable, en manos públicas», eliminando las subvenciones y los apoyos del Estado o del accionista.
Finalmente, Isabel Ugalde Ruiz de Assin ha manifestado que le «duele» que hagan «una oposición política, que es legítima, pero personalizada que no tiene ni pies ni cabeza. Soy una representante de La Almoraima y, por tanto, del Gobierno que me ha nombrado, pero no todo vale en política y los ataques personales son de corto recorrido».
