En una rueda de prensa ofrecida este martes para hacer balance del 2013 de los servicios provinciales de consumo, López Gil ha detallado que de las 1.655 denuncias y reclamaciones recibidas, 952 no pedían resarcimiento económico y 703 sí lo hacían. La mayor parte de estas quejas de los consumidores corresponden al sector servicios, «fundamentalmente al comercio minorista» con 439 denuncias –un 26,55 por ciento del total– y al sector de las comunicaciones, que suma 250 denuncias. «El sector servicios ha tenido un incremento muy significativo de las reclamaciones y denuncias en materia de bancos y entidades financieras», ha proseguido López Gil, informando que en 2013 se pusieron 137 quejas, un ocho por ciento del total de las recibidas el pasado año en Cádiz. «Fundamentalmente, están relacionadas con la comercialización de productos complejos y del alto riesgo como las preferentes o las cláusulas suelo», ha indicado el delegado de la Junta. Asimismo, ha añadido que «junto con esas, destaca el aumento en los últimos años de reclamaciones en el sector de la electricidad, gas y agua», exponiendo que se han recibido aproximadamente un nueve por ciento del total de las quejas de los usuarios. En los servicios de ocio y juegos, estas descienden a un seis por ciento del total. EXPEDIENTES SANCIONADORES Como consecuencia de las reclamaciones, quejas y denuncias presentadas y de las inspecciones llevadas a cabo por los Servicios Provinciales, se han iniciado 270 expedientes sancionadores con unas sanciones por importe de 665.307 euros. El número de expedientes sancionadores propuestos en 2013 es inferior al del año anterior, cuando se propusieron 315. Sin embargo, el importe de las sanciones es superior en 66.307 euros, ya que en 2012 fue de 599.000 euros. López Gil ha recordado que «desde el Servicio Provincial de Consumo se insiste en no solo perseguir la sanción a las empresas y comerciantes, sino corregir la actuación irregular que no conlleva sanción y que en muchos de los casos es más efectiva de cara ya que no se grava a los negocios y se consigue que las actuaciones futuras cumplan con la normativa». El 36 por ciento de las sanciones propuestas, es decir, 246.000 euros corresponden a las compañías de gas. López Gil ha informado de que el servicio provincial de Consumo de la Junta de Andalucía en Cádiz «ha sancionado a tres empresas de instaladores de gas butano y gas natural, dos con sede social en El Puerto de Santa María (Cádiz) y otra en Granada, que compartían el mismo sistema de funcionamiento cometiendo fraude a los consumidores». «Las infracciones cometidas se han calificado como graves, y en total, estas empresas podrían haber estafado a los ciudadanos de la provincia de Cádiz hasta un millón y medio de euros en revisiones ilegales de sus instalaciones de gas», ha señalado López Gil para posteriormente incidir en que hay abierto «otro nuevo expediente a una nueva empresa» que la Junta sigue investigando. En relación al gas, la administración autonómica recibió «cientos de denuncias» con facturas irregulares que van desde los 80 hasta los 500 euros «y que afectan tanto a colectivos sociales con nivel educativo alto como a personas mayores con sus capacidades psíquicas mermadas y pocos recursos económicos». López Gil ha destacado como «novedad» que las empresas no han presentado alegaciones a su sanción, «por lo que ya solo queda esperar a que paguen o se recaude el dinero por vía ejecutiva». CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN Desde el servicio provincial de Consumo se han realizado 27 campañas de inspección y 1.102 actuaciones en comercios «para comprobar si cumplen la normativa en vigor establecimientos dedicados a la venta de productos alimenticios e industriales y a la prestación de diferentes servicios». El mayor número de actas se ha registrado a partir de los controles de ventas en rebajas, con 167 expedientes. Le siguen el sector de alimentación, con 133 actas, productos industriales, con 122, y establecimientos no alimentarios, con 120 actas. «Igualmente, destacan las inspecciones en joyerías, compraventa de metales preciosos y casas de empeño en las que se han realizado 50 controles y se han abierto 32 actas con infracciones, en la restauración con 50 controles, o las campañas de juguetes con otros 65», ha añadido el delegado de la Junta. Del total de actuaciones realizadas, un 13 por ciento del total han incurrido en alguna infracción o irregularidad. Respecto a la gestión de la Red de Alerta de Productos de Consumo, que se encarga de inspeccionar los alimentos y otro tipo de productos procedentes de terceros países que entran por Algeciras (Cádiz), López Gil ha manifestado que «la principal incidencia detectada es el etiquetado en otros idiomas diferentes al español, lo que conlleva a su inmovilización». En las inspecciones de la provincia de Cádiz se han tomado «muestras de todo tipo de productos como alimentos, juguetes, ropas, electrodomésticos y otros, con un resultado de 189 notificaciones a las redes de alerta». «Si las irregularidades detectadas pudieran afectar a la seguridad de las personas consumidoras, se valora, en función de la gravedad, su inclusión en la Red de Alerta de Andalucía de Productos de Consumo», ha explicado López Gil. Además, el delegado de la Junta en Cádiz ha detallado que en 2013 se han tramitado subvenciones en materia de consumo por un importe de 112.957 euros. En 2012 la cuantía fue «ligeramente inferior», de 103.928 euros. Las ayudas «se han concentrado fundamentalmente en 12 entidades locales que lo han solicitado». ABIERTO EXPEDIENTE POR EL CONCIERTO DE ALEJANDRO SANZ Por otra parte, López Gil ha anunciado, en relación a las reclamaciones registradas por el concierto de Alejandro Sanz en la capital gaditana, que «se ha notificado oficialmente al Ayuntamiento de Cádiz y a la empresa organizadora las actuaciones que se van a poner en marcha por parte de la Junta de Andalucía». El delegado de la Junta en Cádiz ha señalado que el Ayuntamiento de Cádiz no ha abierto expediente sancionador «como era su responsabilidad», comunicando a la Junta que no iba a hacerlo, por lo que ha sido la administración autonómica la que ha iniciando el expediente». «Hasta en cuatro ocasiones hemos requerido al Ayuntamiento que dé inicio al expediente para determinar si tenía o no que devolver el dinero, pero en cualquier caso, y sin tener claro si procede o no la devolución del dinero, el Ayuntamiento de Cádiz no ha querido iniciar el expediente, por lo que no se podía determinar si se procedería a esa devolución», ha concluido López Gil.