La Guardia Civil ha detenido a seis teleoperadores de una línea de tarot de Barcelona acusados de haber extorsionado a varios de sus clientes al amenazarles con revelar información comprometedora obtenida y grabada durante sus charlas si a cambio no les entregaban ciertas sumas de dinero de forma prolongada en el tiempo. La operación ‘Mala hierba’ se inició el pasado mes de octubre cuando los agentes detectaron a un grupo organizado que, a través de este servicio de videncia, podría extorsionar a algunos de sus clientes de forma sistemática. Una de las víctimas, vecina de Almería, llegó a pagar 28.100 euros en cinco pagos, por las amenazas continuadas que sufrió durante tres meses. El grupo desarticulado, cinco mujeres y un varón, todos ellos de nacionalidad española, contaba con una estructura sólida en Barcelona, cuyos miembros cumplían unas funciones claramente diferenciadas, de forma que una de las teleoperadoras atendía a los clientes y seleccionaba a sus futuras víctimas mientras que una segunda persona contactaba posteriormente con ellas para pedirles dinero a cambio de destruir una grabación que les pudiera comprometer. Según informa el Instituto Armado, los agentes consiguieron contactar con dos víctimas de este clan, a las que les habían extorsionado 28.100 euros y 5.000 euros respectivamente bajo la amenaza de dar a conocer unas grabaciones de audio que tenían de ellas. El grupo se valía de grabaciones obtenidas a clientes suyos que llamaban requiriendo servicios relacionados con la videncia, el tarot y en algunos casos con encargos de magia negra. En las conversaciones intentaban sonsacar información que afectara a terceras personas con las que el cliente tuviera mala relación, de forma que les hacían ver que esas personas eran las causantes de todos sus males y con los que les proponían el encargo de algún tipo de trabajo de magia negra contra ellos. Pasado un tiempo, volvían a contactar vía telefónica con sus clientes y futuras víctimas, a las que revelaban la existencia de la grabación, la supuesta ilegalidad de lo que había hecho y el perjuicio que le podía suponer si esto saliera a la luz, por lo que les solicitaban el pago de una determinada cantidad económica por «destruir las grabaciones». Los ingresos que obtenían como teleoperadores de líneas del tarot eran mínimos, sobre los 300 euros por lo que basaban su principal actividad en la extorsión posterior de sus clientes, con lo que se aprovechaban de la especial vulnerabilidad de sus víctimas por su creencia en todo lo relacionado con el mundo del esoterismo. Entre los miembros del clan había un grupo de personas dedicado al blanqueo del dinero obtenido a través de cuentas bancarias a nombre de menores de edad, haciendo posible el disfrute jurídico del dinero pagado por las víctimas sin posibilidad de ser cuestionado. La Guardia Civil mantiene la investigación abierta, y no descarta nuevas imputaciones. La Operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) y desarrollada por el Equipo de Delitos contra las Personas de la UOPJ de la Comandancia de Almería.Supuestamente blanqueaban el dinero a través de cuentas bancarias a nombre de menores de edad La Guardia Civil ha detenido a seis teleoperadores de una línea de tarot de Barcelona acusados de haber extorsionado a varios de sus clientes al amenazarles con revelar información comprometedora obtenida y grabada durante sus charlas si a cambio no les entregaban ciertas sumas de dinero de forma prolongada en el tiempo. La operación ‘Mala hierba’ se inició el pasado mes de octubre cuando los agentes detectaron a un grupo organizado que, a través de este servicio de videncia, podría extorsionar a algunos de sus clientes de forma sistemática. Una de las víctimas, vecina de Almería, llegó a pagar 28.100 euros en cinco pagos, por las amenazas continuadas que sufrió durante tres meses. El grupo desarticulado, cinco mujeres y un varón, todos ellos de nacionalidad española, contaba con una estructura sólida en Barcelona, cuyos miembros cumplían unas funciones claramente diferenciadas, de forma que una de las teleoperadoras atendía a los clientes y seleccionaba a sus futuras víctimas mientras que una segunda persona contactaba posteriormente con ellas para pedirles dinero a cambio de destruir una grabación que les pudiera comprometer. Según informa el Instituto Armado, los agentes consiguieron contactar con dos víctimas de este clan, a las que les habían extorsionado 28.100 euros y 5.000 euros respectivamente bajo la amenaza de dar a conocer unas grabaciones de audio que tenían de ellas. El grupo se valía de grabaciones obtenidas a clientes suyos que llamaban requiriendo servicios relacionados con la videncia, el tarot y en algunos casos con encargos de magia negra. En las conversaciones intentaban sonsacar información que afectara a terceras personas con las que el cliente tuviera mala relación, de forma que les hacían ver que esas personas eran las causantes de todos sus males y con los que les proponían el encargo de algún tipo de trabajo de magia negra contra ellos. Pasado un tiempo, volvían a contactar vía telefónica con sus clientes y futuras víctimas, a las que revelaban la existencia de la grabación, la supuesta ilegalidad de lo que había hecho y el perjuicio que le podía suponer si esto saliera a la luz, por lo que les solicitaban el pago de una determinada cantidad económica por «destruir las grabaciones». Los ingresos que obtenían como teleoperadores de líneas del tarot eran mínimos, sobre los 300 euros por lo que basaban su principal actividad en la extorsión posterior de sus clientes, con lo que se aprovechaban de la especial vulnerabilidad de sus víctimas por su creencia en todo lo relacionado con el mundo del esoterismo. Entre los miembros del clan había un grupo de personas dedicado al blanqueo del dinero obtenido a través de cuentas bancarias a nombre de menores de edad, haciendo posible el disfrute jurídico del dinero pagado por las víctimas sin posibilidad de ser cuestionado. La Guardia Civil mantiene la investigación abierta, y no descarta nuevas imputaciones. La Operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Roquetas de Mar (Almería) y desarrollada por el Equipo de Delitos contra las Personas de la UOPJ de la Comandancia de Almería.
