Entre los imputados se encuentran 14 médicos, un celador de hospital, un auxiliar de farmacia, un funcionario municipal y ocho particulares. Esta operación, se enmarca dentro de los acuerdos a que se llegaron por parte de la Comisión Antifraude el pasado marzo. Según explica la Benemérita en un comunicado, la operación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento, a través de la Inspección de Farmacia de la Delegación Territorial de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía en Cádiz, de unas supuestas irregularidades en la retirada de un grupo de medicamentos que se prescribe para estimular el crecimiento muscular, utilizado por algunas personas para obtener de forma rápida e ilegal una mejora en el rendimiento deportivo, utilizándose incluso recetas falsificadas para su retirada. Las investigaciones de los agentes permitieron determinar que no se trataría de una trama organizada, sino de una coincidencia en la retirada ilícita de los medicamentos, siguiendo seis líneas de investigación claramente diferenciadas, pero coincidentes en el tiempo y en el medicamento retirado. La primera se centró en una Oficina de Farmacia de El Puerto de Santa María, en la que se había detectado varios pedidos de este tipo de medicamentos, sin que tras la inspección de la farmacia se encontraran las recetas que justificaran la dispensación de estos medicamentos, habiéndose realizado los pedidos sin el conocimiento del titular de la misma, por parte del auxiliar de farmacia, a espaldas de la contabilidad de la farmacia y utilizando las claves secretas que conocía por su condición de empleado de la misma. Una vez obtenía los medicamentos se los suministraba a conocidos que los consumían para mejorar los resultados de sus entrenamientos de musculación en gimnasio. La segunda línea de investigación se centró en un Centro de Salud de Puerto Real, donde un médico estaba prescribiendo altas dosis de un medicamento anabolizante, a un paciente que habría sufrido una rotura del bíceps braquial hace años practicando culturismo. Varios años después de ser intervenido quirúrgicamente, convenció al médico para que le recetara este anabolizante aduciendo que había leído en Internet que era el que mejor iba para paliar las secuelas de su lesión. Al parecer, según la Guardia Civil, el médico, sin contrastar la información, se lo recetó de forma sistemática durante varios años y en dosis superiores al consumo recomendado por las autoridades sanitarias. No contento con esto, aprovechando que su médico estaba de vacaciones, convenció también al sustituto de éste, para que le aumentara la dosis. Finalmente, los guardias civiles determinaron que no los utilizaba para aliviar las secuelas que decía padecer, sino porque había vuelto a practicar culturismo, consumiendo parte de los medicamentos prescritos y comercializando los restantes en el gimnasio en el que entrenaba. Durante este tiempo consiguió obtener 538 envases de este anabolizante, todos ellos con recetas oficiales del Servicio Andaluz de Salud (SAS). La tercera línea se centró en la prescripción de estos medicamentos en otro Centro de Salud de Sanlúcar de Barrameda, en el que un médico prescribía de forma sistemática estos medicamentos a un paciente, siendo la esposa de éste quien acudía a la consulta diciendo que su marido padecía una patología urológica y que se lo había recomendado el especialista. Los guardias civiles determinaron que todo era falso, ya que dicho medicamento está totalmente contraindicado para la patología que padecía este hombre. Finalmente, pudieron confirmar que la esposa obtenía las recetas para dárselas a sus dos hijos de 23 y 30 años de edad, que utilizaban estos anabolizantes para su propio entrenamiento muscular y para comercializar el resto de ellos, por este procedimiento obtuvieron 213 envases. La cuarta línea se centró en un centro de Salud de El Puerto de Santa María, en el que uno de los médicos estaba recetando estos medicamentos a varios pacientes, incluido su propio padre. Señala la Guardia Civil que la justificación de este médico es que la mayoría de los pacientes eran conocidos suyos, pues la realidad era que este médico realizaba musculación en un gimnasio y los medicamentos los recetaba a nombre de algunos amigos suyos del mismo, en unos casos para que lo consumieran éstos y en otros para consumirlos él mismo. De este modo recetó 153 envases de distintos anabolizantes y «quemagrasas», todos ellos se obtuvieron en farmacias por medio de las recetas oficiales del SAS. Añade que no sólo realizaba estas ilegalidades en el centro médico, sino que también utilizaba las recetas públicas para recetar estos medicamentos en su consulta privada. La quinta línea se centró en una Farmacia de San Fernando, en la que se detectó que habían estado dispensando gran cantidad de anabolizantes. Al inspeccionar la farmacia se encontraron 129 recetas médicas, expedidas a nombre del mismo paciente y prescritas por el mismo facultativo, justificando que era culturista. Las investigaciones posteriores demostraron que no sólo eran para su propio consumo, sino que las facilitaba a terceros en gimnasios. La última línea se centró en la Línea de la Concepción, donde se observó que varias farmacias estaban dispensando gran cantidad de medicamentos anabolizantes y psicotrópicos. Las investigaciones de los guardias civiles determinaron que en la mayoría de los casos, los medicamentos los retiraba un celador del hospital de la localidad, el cual practicaba culturismo. Las recetas estaban prescritas por varios médicos del hospital, en unos casos por que así se lo pedía el paciente y en otros por que las obtenía de forma clandestina, aprovechándose de su condición de trabajador del centro. Los guardias civiles pudieron saber que incluso algunos facultativos llegaron a denunciar la sustracción de su sello de colegiado, además se detectaron varias recetas falsificadas por este celador. De este modo obtuvo más de 400 envases de estos medicamentos, por lo que se sospechó que no podían ser para consumo propio. Realizadas más gestiones, los guardias civiles llegaron al convencimiento, de que además de su propio consumo, comercializaba los medicamentos entre los clientes del gimnasio en el que entrenaba. Por todo lo anterior, se han puesto a disposición de los juzgados competentes a un total de 25 personas en calidad de detenidos e imputados, todos ellos como presuntos autores de los delitos de dopaje en el deporte, contra la salud pública, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental. Concluye que por estos procedimientos se han puesto en circulación miles de medicamentos cuya ingesta, sin el debido control facultativo, pone en serio peligro la salud, además de haber generado un perjuicio a las arcas públicas de miles de euros.
