En un comunicado conjunto remitido a Europa Press, los socialistas censuran la «constante y tramposa cortina de humo que hacen cada día el PP, el ministro José Manuel García Margallo y el alcalde y diputado José Ignacio Landaluce» con el tema de Gibraltar, «olvidando a los ciudadanos españoles de la comarca del Campo de Gibraltar que pagan, junto con los gibraltareños, la irresponsabilidad de su política». Afirman que el PP los convierte «en rehenes» y olvida los avances logrados en materia de puestos de trabajo, pensiones para los extrabajadores españoles en Gibraltar, Instituto Cervantes, utilización del aeropuerto, fluidez en el paso de vehículos y personas y cooperación de todo orden. Los exparlamentarios gaditanos, que en el Congreso y el Senado «compartieron e impulsaron» la política del exministro Miguel Ángel Moratinos sobre la colonia, coinciden en que «la presente crisis es evitable e innecesaria». Así, recalcan que el estado actual de las relaciones entre Gibraltar y España tienen como consecuencia «tensiones y sufrimientos en las poblaciones de Gibraltar y del Campo de Gibraltar». Igualmente, expresan su preocupación por la «abrupta pérdida del clima de diálogo existente en la comarca campogibraltareña y entre las autoridades responsables». Por ello, manifiestan que, sin perjuicio de las diferentes posiciones que mantienen histórica y diplomáticamente el Reino Unido y España en relación con la soberanía de Gibraltar, «no se debe hacer cargar sobre los ciudadanos las rivalidades surgidas de esas diferencias que persisten tras más de 300 años».CONTROLES Y ACERCAMIENTO Añaden «los controles exhaustivos y su endurecimiento», así como la «escalada de la tensión política», no son el camino adecuado para el acercamiento entre las poblaciones, «ni para favorecer tanto la comprensión mutua, como el comercio, el turismo y el fomento de la economía y, desde luego, el normal desenvolvimiento de la vida ciudadana de ambos lados». Por ello, exhortan al Gobierno de Gibraltar a que haga «claros signos de acercamiento a la comunidad campogibraltareña circundante» e instan al Gobierno de España a que los controles aduaneros sean selectivos, «nunca abusivos e indiscriminados contra las personas», y que no perjudiquen al tránsito. De la misma manera, «urgen» a que grupos de trabajo específicos de España y del Reino Unido y de Gibraltar profundicen en la cooperación en todos los asuntos que no afectan a la soberanía con el objetivo de «mejorar la cooperación policial, el medio ambiente, la sanidad, la seguridad marítima, la lucha contra el fraude fiscal». Se trata de asuntos en muchos de los cuales «se requiere la necesaria implicación de otras administraciones, en particular de la Junta de Andalucía, con competencias exclusivas, por el bien de los ciudadanos». Finalmente, resaltan que deben ser el diálogo y las instancias internacionales, comunitarias o judiciales las que diriman las diferencias entre los estados y territorios; ya que «bajo ninguna circunstancia, los ciudadanos pueden sufrir la incapacidad de sus representantes políticos para entenderse».
