Va a ser una tierra de manos muertas, no una tierra productiva, y una tierra incapaz de estimular el desarrollo económico» de la comarca en la que se asienta. Así lo ha manifestado Jiménez a los periodistas durante una visita a dicha finca en Castellar de la Frontera (Cádiz), donde ha recordado que el Parlamento andaluz debatirá el próximo jueves una proposición no de Ley presentada por PSOE e IU que persigue el mantenimiento del carácter público de la finca de La Alomraima, dado su «enorme valor medioambiental» y también su potencial desde el punto de vista económico. Explica que ambas formaciones políticas presentan esta iniciativa conjunta en el ámbito andaluz y esperan que ese frente tenga su continuidad en el ámbito provincial y local, confiando en que la postura del alcalde de Castellar, Juan Casanova (IU), sea «coherente» con la de su organización. Abunda que la iniciativa no se presenta «por capricho» y tampoco con «ánimo de confrontación», sino porque PSOE e IU están convencidos de que «se puede parar» lo que consideran «un pelotazo, un intento de hacer una operación especulativa con el patrimonio de todos los ciudadanos de Andalucía» por parte del Gobierno en una finca pública en la que «se han invertido muchos recursos públicos». En este sentido, recuerda que el Gobierno de Zapatero invirtió en la finca «más de diez millones de euros» en el marco del Plan E que «ahora no pueden pasar a manos privadas». También presenta la proposición no de Ley para trasladar un mensaje «claro» a los ciudadanos de Castellar y del entorno de que «sólo la propiedad pública y la planificación que de una finca como esta haga la Administración pública es garantía de las dos cuestiones que tenemos que proteger: el medio ambiente y el desarrollo económico y el empleo de los ciudadanos». Sostiene que en manos privadas tampoco tendría las posibilidades de otros territorios de Andalucía que también cuentan con características similares de protección, como son el entorno de Doñana, que «es hoy una de las comarcas de Andalucía con mayor índice de actividad económica, siempre compatible con la protección del medio ambiente y el empleo», o el Parque Nacional de Sierra Nevada. Argumenta Jiménez que el carácter público que piden para la finca «es posible». Considera que el Gobierno «debe cederla a la Junta» y le indica que, «si sólo le importa la cuestión económica», el Ejecutivo «puede compensar el valor económico con la deuda que el Gobierno tiene con Andalucía por el incumplimiento reiterado de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía». Por tanto, entiende que «hay mecanismos y vías para que la finca siga siendo pública, de gestión andaluza y elemento de protección del medio ambiente y el desarrollo económico». Por su parte, la secretaria provincial del PSOE de Cádiz, Irene García, ha expresado el «no rotundo» de la organización gaditana a la privatización de la finca, que entiende que «podría llevarnos al desastre» en una provincia que «supera el 40 por ciento del desempleo y más de la mitad de las familias están sin ninguna cobertura social y sin ninguna prestación para su día a día». Así, se ha comprometido a seguir peleando, junto a los agentes sociales de la provincia, para «paralizar lo que pretende convertir en negocio de unos pocos lo que ha sido siempre el sustento, el alimento y el futuro de cientos de familias gaditanas».
