En Algeciras este verano hemos tenido un caso paradigmático: Somixur (sociedad participada en un 51% por el Ayuntamiento y un 49% por Aldía SL para promocionar urbanísticamente “Los Cuarteles” y el complejo deportivo “El Mirador-La Menacha”). El caso tiene de momento la vía penal extinguida. El pasado mes de julio el Juzgado de Instrucción nº 3 de Algeciras dictó un auto de sobreseimiento provisional de las denuncias formuladas por la Fiscalía Anticorrupción el 24 de enero de 2008, donde se acusaba al exalcalde Patricio González y a seis personas más relacionadas con el grupo Aldía SL de delitos que supuestamente habían conllevado un perjuicio para el Ayuntamiento de 24,3 millones de euros. Lo curioso de este caso es que el archivo del caso se produce a instancia de la misma Fiscalía que puso en marcha la vía penal, aunque con fiscales diferentes. Patricio González y los gestores de Aldía SL dicen que se sienten víctimas de una “guerra política” desatada por el entonces alcalde, Tomas Herrera, y varios concejales del PSOE. Un mes después, Patricio González dice en los medios de comunicación “que han ido por mi y ahora yo voy por ellos, por quien puso la denuncia, en este caso Tomas Herrera, y a por el que hizo el informe de la Cámara de Cuentas de Andalucía”, anunciando una querella criminal contra sus denunciantes.La confusión entre la conducta de algunos personajes políticos y la propia actividad política tal vez resulte en el fondo inevitable, aunque no me negaran que a veces resulta hasta cómica, pese a lo grave de la situación. La Política y la Justicia están viviendo en toda España y Europa un periodo de absoluto desencuentro. En España tenemos al Presidente Rajoy con las cuentas del PP al descubierto y el increíble caso Bárcenas. En Italia están los escándalos de Berlusconi, que sobrevive a múltiples procesos gracias a la habilidad acrobática de sus abogados. En Francia el expresidente Sarkozy está envuelto en el llamado caso Bettencourt y acusado de financiación ilegal y extorsión. Hasta el Presidente Hollande se encontró en su primer Gobierno con un Ministro de Hacienda, Jérôme Cahuzac, que tras jurar que no tenía cuentas bancarias en Suiza, fue obligado a dimitir al comprobarse que cuanto afirmaba era mentira, causando un notable perjuicio moral al Gobierno socialista. Y del caso Pujol ni hablo por lo conocido de su farsa y engaño.Todos estos asuntos podrían permanecer en el ámbito del Código Penal, pero al ser difundidos masivamente en tiempo real, gracias a los modernos medios de comunicación, se transforman y pasan a formar parte de la política y sacuden la propia democracia. Este fenómeno de la judicialización de la política es un factor nuevo en el funcionamiento de los poderes y va a desembocar sin remedio en la politización de la Justicia, ya que los jueces se vuelven actores capaces de decidir el rumbo de la política y pasan asimismo a ser objeto de sospechas de parcialidad. Nadie es inmune al ambiente ni a las conclusiones conformadas en una sociedad que quiere ser transparente. Los ingleses siempre han dicho que sin la justicia, la democracia sería imposible, puesto que funciona como poder moderador asegurando el cumplimiento de las leyes. Así que en España y Europa hace falta otro Montesquieu -el hombre que amaba la división de poderes- con nuevos modelos para que por fin la democracia funcione.
