Este pasado fin de semana en el Aulario del Edificio de la Constitución de 1812 de la Universidad de Cádiz, se ha iniciado una campaña -sin fecha de caducidad- llamada “Defender a quien defiende”. Los miembros de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía y otros colectivos sociales han propuesto la creación de un sistema de alerta y primera respuesta para casos de violaciones de derechos humanos en contextos de protesta social.
Se trata de una red de alerta y denuncia formada por personas defensora de los derechos humanos, periodistas, expertos legales, institutos universitarios y organizaciones del tercer sector de Andalucía, Cataluña, Madrid e Euskadi. La formación, acción e interacción entre activistas, periodistas y juristas es prioritaria en este asunto. Ya se ha organizado en Barcelona. Esta semana fue en Cádiz. Y las próximas serán en Madrid y Bilbao, con la ambición de ser finalmente una red internacional de seguridad ciudadana.
Esta campaña se plantea ante la criminalización que el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana hace de los movimientos sociales. De hecho, el proyecto no garantiza la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos por el Estado sino que los limita y convierte en privilegios de unos pocos. Algo que preocupa tanto a la sociedad civil como a la oposición del Congreso que ha reclamado amparo al presidente de la Comisión de Interior, Sebastián González, para frenar la tramitación exprés de esta ley y exigir más tiempo para consensuar y adecuar la futura norma a “la protección efectiva de los derechos y libertades de los ciudadanos”.
Los firmantes de la iniciativa sostienen que la limitación de derechos y libertades ciudadanos “exige un examen detallado, razonado y reflexivo de las normas que la resuelvan”. Por eso exigen más tiempo para “adecuar el proyecto de ley a las exigencias de la Constitución Española”. Salvo el grupo popular, el resto de partidos han expresado sus reticencias hacia un proyecto de ley que ya nació con polémica, y cuya primera versión -conocida como ley mordaza- contó con informes contrarios del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal.
Esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana de inspiración innegablemente franquista, va a penalizar y limitar las protestas, el derecho de manifestación y cuanto moleste a los gobernantes y a la policía bajo sus órdenes. Este Gobierno quiere mayorías silenciosas y minorías silenciadas para lo cual recoge en la Ley un régimen sancionador desproporcionado (hasta 600.000 € de multa) y sin ninguna seguridad jurídica. Se quiere meter miedo y provocar un efecto disuasorio en la ciudadanía.
Amnistía Internacional ha realizado un estudio titulado “El derecho a protestar, amenazado”, donde la ONG denuncia cómo las medidas “legales” y “policiales” impulsadas por el Gobierno han supuesto un progresivo “deterioro” del derecho de reunión, asociación y expresión. Y apostilla que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la reforma del Código Penal supondrán la puntilla a este proceso “restrictivo”.
Esta Ley supone la definitiva vuelta del franquismo descarado, y por si no teníamos ya bastantes indicios, su aprobación definitiva en el Congreso por la mayoría absoluta del PP será un 20 de noviembre, fecha en la que sus herederos celebran o conmemoran la muerte del dictador. ¿Celebrarán también el nacimiento de esta ley?
