IAM/Redacción El Partido Popular quiere conocer el importe percibido por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) por la prestación de servicios sanitarios a ciudadanos gibraltareños en centro sanitarios públicos de la comunidad autónoma desde 2011.Así lo reclama la parlamentaria del PP-A por Cádiz Teresa Ruiz Sillero a través de una batería de preguntas por escrito dirigidas a la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y que ya han sido admitidas a trámite por la Mesa de la Cámara.En las iniciativas, consultadas por Europa Press, Ruiz Sillero reclama a Sánchez Rubio que detalle el «importe que se cobra por cada servicio sanitario prestado» a ciudadanos gibraltareños, así como por el importe percibido por el SAS por dicho concepto «en los años 2011, 2012, 2013 y los meses de enero a septiembre de 2014».
Junto a ello, la diputada «popular» se interesa por conocer si la Junta ha firmado el colaboración con Gibraltar para prestaciones sanitarias «que estaba pendiente de suscribir», según informó la propia consejera de Salud en otra respuesta parlamentaria a finales del pasado mes de julio.Ruiz Sillero también quiere saber «cómo se articula la prestación de asistencia sanitaria a los gibraltareños en centros públicos de Andalucía» en caso de que aún no se haya firmado dicho convenio de colaboración.
EN MATERIA EDUCATIVA Ruiz-Sillero ya preguntó meses atrás al Ejecutivo andaluz si existen «acuerdos de colaboración» con Gibraltar para prestaciones en materia educativa y si la administración autonómica «concede algún tipo de beca de estudio para alumnos gibraltareños de cualquier nivel educativo, incluyendo el universitario».El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, contestó por escrito en febrero que, «según los datos facilitados por el órgano directivo competente, no consta la existencia de ningún convenio suscrito por Gibraltar y la Consejería en materia educativa».Alonso aclaró entonces que «los convenios de colaboración entre el Ministerio de Educación y la comunidad autónoma de Andalucía para la gestión de becas de los niveles postobligatorios no universitarios excluyen de su ámbito de aplicación, de manera expresa, las becas de estudiantes cuyo domicilio no sea el territorio andaluz o que no cursen sus estudios en Andalucía».
No obstante, el titular de Educación recordó que la ley vigente establece que «todas las personas extranjeras menores de 18 años tienen derecho a la educación en las mismas condiciones que las españolas, reconocimiento que incluye el acceso a una educación básica, gratuita y obligatoria, a la obtención de la titulación académica correspondiente y al acceso al sistema público de becas y ayudas, así como el derecho a la enseñanza no obligatoria en las mismas condiciones que los españoles».
