El domingo pasado se celebró el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En esta jornada se intenta dar a conocer todos aquellos derechos que tenemos los ciudadanos como consumidores a la hora de contratar, comprar o elegir los productos deseados. La Constitución Española hace una clara referencia a este derecho en su artículo 51 “Los poderes públicos garantizaran la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los intereses económicos de los mismos”.Escuchando el domingo debates y referencias sobre este hecho, me acordé de lo que está sucediendo en Los Barrios con el derecho de sus vecinos a decidir sobre el convenio con la Mancomunidad de Municipios a través de su empresa ARCGISA para prestar en su localidad los servicios de agua, alcantarillado y basura. El gobierno municipal de Los Barrios considera que la gestión del agua y la basura es muy deficiente y que el precio del agua podría ser más barato -y lo puede ser- si hubiera una gestión más razonable y sin los grandes “sueldazos” y cargos instaurados por el PP y PSOE para su propio beneficio y el de su gente. En esta empresa como en otras del Campo de Gibraltar hay casos claros de enchufismo y corrupción.Pues bien, ante esta decisión de lo más normal y propia de la competencia y la autonomía municipal del Ayuntamiento de Los Barrios, la respuesta del Consejo de ARCGISA y del Pleno de la Mancomunidad ha sido oponerse a dicho acuerdo e iniciar un contencioso-administrativo para impugnarlo. Dicen que quieren evitar que la Corporación barreña caiga en un “limbo legal”. ¿Qué limbo legal? No entiendo la actitud ni la explicación del Presidente de la Mancomunidad al decir que han tomado esta difícil decisión para mantener el servicio a pesar de las consecuencias jurídicas que podrían tener y “por el bien de los ciudadanos”. No será, más bien, que intentan alargar mediante el contencioso-administrativo el proceso de revisión del convenio y la nueva gestión para seguir disfrutando el máximo de tiempo posible de sus prebendas.Además, la Mancomunidad para salvar esta situación ha solicitado en los juzgados una medida cautelar para garantizar la cobertura jurídica de un acto que roza la ilegalidad como es el de continuar prestando un servicio que ha sido anulado por quien tiene competencia para ello. Así que serán ahora los Tribunales los que resolverán esta absurda situación o enfrentamiento entre Comunidad y Ayuntamiento. Debo recordar también que este convenio de suministro de servicios de agua, alcantarillado y basura firmado por el Ayuntamiento de los Barrios con la Mancomunidad fue declarado nulo y, por tanto, ilegal por el Consejo Consultivo de Andalucía. En este tema hace falta mucho diálogo, transparencia y respeto, pero de verdad. Y esto no es posible si se sigue utilizando como único canal de comunicación los escritos presentados en los respectivos registros de entrada del Ayuntamiento y Mancomunidad, sin un diálogo directo. Nuestros políticos ya no saben ni dialogar. Por eso hay que asegurar puentes para que los responsables políticos transijan y pacten. Para ello es necesario abandonar actitudes intransigentes, órdagos e imposiciones y buscar soluciones realistas. Pero sin olvidar que son los Ayuntamientos y sus ciudadanos los que tienen que decidir cómo, cuándo y por quién se gestionará el agua, alcantarillado y basura de cada municipio, y si quieren o no mancomunarlo. Todo lo que no sea así es impedir el ejercicio de la soberanía municipal e imponer los que les venga en gana a los que mandan en ARCGISA y la Mancomunidad. Pero, que tengan cuidado con lo que dicen y hacen porque el cambio en las instituciones ya viene y a muchos se les está acabando el “chollo”.
