IAM/Redacción El alcalde de Tarifa, Juan Andrés Gil (PP), equiparó durante parte del pasado mandato las retribuciones del delegado en la pedanía rural de Bolonia, Juan Pérez Carrasco, a las de un edil de la Corporación a través de contratos laborales en la empresa pública municipal Urtasa.
Juan Pérez fue designado representante municipal en Bolonia a principios del pasado periodo corporativo (en 2011) con una retribución bruta anual de 7.200 euros en concepto de indemnización por del desempeño del cargo, si bien posteriormente fue contratado por la empresa municipal Urtasa. Primero de forma temporal, para la vigilancia de aparcamientos en la playa o limpieza del litoral y, posteriormente, como oficial de primera por algo más de 1.200 euros netos mensuales. Desde Urtasa confirmaron a Europa Sur que Pérez fue contratado como oficial hace algo más de un año, si bien en estos momentos se encuentra de baja médica por accidente.
La suma de ambas retribuciones, la de Urtasa y la fijada previamente en concepto de indemnización, supuso para Pérez la práctica equiparación de sus emolumentos a los de concejales con dedicación exclusiva de la Corporación municipal. Por ejemplo, Juan Antonio Torán (PA) o José María González (PP) tuvieron durante el mandato anterior un salario bruto anual de 26.000 euros, lo que supuso un agravio con éstos aunque no resultara en colisión con la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuyo principio general se basa en la prohibición de percepción de dos retribuciones con cargo a entidades públicas. Una de ellas, la que fue concedida bajo el formato de indemnización, sí está amparada por el texto legal.
La situación llegó a su fin con la conclusión del mandato, el pasado mes de junio, sin que hasta el momento se hayan nombrado los nuevos representantes del alcalde en las pedanías.
Pérez, consultado por este periódico por su relación laboral con Urtasa junto con el cargo político, se limitó a decir que se había dedicado plenamente a Bolonia y que tenía «derecho a buscarse la vida» en relación al contrato de trabajo en la mercantil municipal.
