Tras una reunión de una hora y media con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, María Bueno ha explicado a los periodistas que además de la creación de ese banco de ADN bajo tutela pública, los familiares directos de los bebés robados solicitan la condición de víctimas, al igual que sucede con las víctimas del terrorismo, el acceso a la justicia gratuita y que los fiscales unifiquen sus criterios en los casos judicializados.
En el caso de los fiscales, Bueno ha recordado la circular de la Fiscalía General del Estado de 2012 advirtiendo de que estos delitos no prescriben, en contra de la situación generalizada en los casos que han llegado a los tribunales, que acaban siendo archivados por considerarlos prescritos no porque no tengan indicios de delito.Como una “causa por delitos de lesa humanidad” ha calificado Bueno al conjunto de ciudadanos que están buscando a sus hijos, sus hermanos o sus madres por casos de bebés que fueron sustraídos a sus madres -mujeres en precaria situación soioeconómica- durante la dictadura y aún en el periodo de la transición.Bueno ha recordado el auto del juez Baltasar Garzón en el que calculaba en 30.000 casos en España por una “trama terrible” originada durante la dictadura y que fue extendiéndose por todo el país, de modo que en Andalucía se calculan no menos de mil casos, unos setenta de ellos judicializados en la comarca del Campo de Gibraltar.
También ha lamentado que hayan sido condenados en costas algunos afectados por haber planteado recursos a decisiones judiciales que no les eran favorables o archivaban los asuntos o los consideraban prescritos, y que una de las litigantes afectadas haya sido condenada en Almería a pagar una indemnización de 40.000 euros por una acusación contra otra persona.Y ha criticado que algunos de los casos denunciados en Andalucía hayan sufrido secretos sumariales de más de tres años y que se hayan dado resoluciones judiciales en las que se haya entrado a valorar la situación emocional del demandante.
