IAM/Redacción El atentado del pasado sábado contra el edificio de telecomunicaciones del Sistema Interno de Vigilancia Exterior (SIVE) de Conil de la Frontera (Cádiz), que controla los sensores y cámaras de la franja litoral comprendida entre San Fernando y Barbate, ha vuelto a dejar en evidencia las deficiencias en las medidas de seguridad que protegen una instalación estratégica de la Guardia Civil.

Se trata de unas instalaciones básicas en la provincia de Cádiz para la lucha contra el narcotráfico, por lo que resulta es incomprensible que no estén dotadas de unas medidas de seguridad mucho más estrictas.Esta carencia viene, por otra parte, a redundar en lo que constituye una de las principales denuncias que AUGC lleva realizando desde hace años: la precariedad de medios con la que trabajan los guardias civiles. Dentro de esa precariedad hay que citar como ejemplos más flagrantes la falta de chalecos antibalas, vehículos con más de 400.000 kilómetros o cuarteles sin las mínimas condiciones de habitabilidad.En una situación de alerta terrorista de nivel 4 como la que vivimos desde hace meses resulta insólito comprobar que instalaciones tan importantes para la seguridad como el SIVE que fue atacado el pasado fin de semana apenas se encontraba protegida con una simple valla metálica, o que los propios agentes que deben velar por la seguridad de los ciudadanos sigan sin contar con una dotación adecuada e individua de chalecos antibalas.Para AUGC Cádiz, la importancia estratégica de la provincia no se corresponde con la falta de efectivos y  medios con los que cuenta la Guardia Civil en la misma. Esto es algo que es ya percibido por los propios ciudadanos  y responsables políticos.Con más de 30.000 afiliados, AUGC es la decana de las asociaciones profesionales y la mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil. Cuenta con representación en todo el territorio español, en cada una de las unidades y especialidades del Cuerpo y viene liderando el movimiento asociativo desde la llegada de la democracia, cuando nació como un sindicato clandestino. Su lucha por la democratización y la desmilitarización de la institución le valió en 2010 el Premio Nacional de Derechos Humanos que concede la Asociación Pro Derechos Humanos de España (apdhe).