El Ejecutivo podrá recurrir la sentencia ante el Supremo, pero es un gran golpe político. Antes del referéndum, la mayoría de los diputados de los Comunes eran partidarios de la permanencia en la UE. Sin embargo, si se sometiese el tema a votación a día de hoy la postura de muchos de ellos podría cambiar, toda vez que hay un mandato del pueblo británico en las urnas favorable al Brexit.
May ha anunciado que invocará antes de finales de marzo el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que pone en marcha el proceso de ruptura. Las negociaciones durarán dos años y el Reino Unido podría estar fuera de la UE en 2019. Los denunciantes alegaron que tomar esa decisión sin que la vote el Parlamento no es legal, porque vulnera la Constitución no escrita británica. El caso ha sido promovido por Gina Miller, europeísta y fundadora hace dos años en Chelsea del fondo de inversión SCM Private, y por la peluquera Deir dos Santos, de 37 años, ambas de nacionalidad británica. La secunda la asociación de expatriados People’s Challenge.El debate constitucional que se ha abierto es muy interesante y trascendente: ¿Puede el Ejecutivo revertir una ley que ha sido aprobada por el Parlamento sin volver a pasar por él? Gina Miller, a la que el Alto Tribunal a dado la razón este jueves, argumentaba que la Ley de Comunidades Europeas de 1972 consagró unos derechos individuales, que ahora se verían revocados al salir de la UE. «Una legislación solo puede ser retirada por otra legislación», explican. May ha aceptado que el Parlamento controle las negociaciones de salida de la UE, pero ha remarcado tajantemente que no permitirá que vote la activación del Artículo 50.El Gobierno, representado en la vista por el fiscal general del Estado, invocó sin éxito la llamada «prerrogativa real», de origen medieval, que concede poderes al ejecutivo al amparo de la Corona. Es una figura controvertida, que hace por ejemplo que muchos temas de asuntos exteriores no pasen por el Parlamento y los lleve en solitario el Ejecutivo. El Gobierno sostenía también que el mandato democrático para utilizar la prerrogativa real ya lo había dado en este caso el propio referéndum, donde el Brexit se impuso por 51,9% frente a 48,1%.La libra se apreció con fuerza de inmediato frente al dólar nada más conocerse la sentencia, subiendo a 1,24, su mejor dato en un mes. Los mercados volvían a reflejar así que no quieren el Brexit, y menos la versión dura que parece haber elegido Theresa May. El Gobierno ha calificado el fallo de «decepcionante», afirma que «el país votó dejar la UE en un referéndum aprobado por el Parlamento y estamos determinados a respetar el resultado de esa consulta». También anunció el recurso ante el Supremo, que podría verse a comienzos del próximo mes de diciembre.
El Alto Tribunal ha resuelto que la pretensión del Gobierno de activar por su cuenta el artículo 50 del Tratado de Lisboa que inicia la salida de la UE es inconstitucional, porque «la regla fundamental de la Constitución británica es la soberanía del Parlamento». Solo la Cámara tiene la potestad de activar el Brexit notificando a Bruselas la intención del Reino Unido de dejar la UE.La promotora del recurso, la europeísta Gina Miller, dueña de un fondo de inversión, ha pedido al Gobierno que acepte la sentencia y no recurra. Si el Supremo ratifica el fallo del Alto Tribunal, el proceso del Brexit se ralentizará por los trámites parlamentarios y es muy dudoso que pudiese activarse el artículo 50 antes de finales de marzo, como pretendía May. En el referéndum del pasado 21 de junio, el 71% de los diputados eran partidarios de la permanencia y también estaban por el Remain tres cuartas partes de quienes hoy forman parte del gabinete de May. Pero toda vez que el Brexit se impuso en las urnas, las posiciones de esos políticos pueden haber cambiado para plegarse al voto del pueblo.
