IAM/Redacción El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha admitido a trámite una querella contra el Ministro Principal de Gibraltar, Fabián Picardo, presentada por Vox por delitos de torturas y contra la integridad moral del presidente de Vox Madrid, Nacho Mínguez, que desplegó junto a otras personas una bandera española en el Peñón el pasado mes de junio
.En un auto hecho público este miércoles, el magistrado pide a la policía judicial que acredite si Picardo tiene residencia en España. También reclama al Ministerio de Asuntos Exteriores que le informe sobre si tuvo conocimiento oficial de lo sucedido y si se emitieron notas de protesta frente a las autoridades británicas por estos hechos.El magistrado también quiere saber, con el aval de la Fiscalía, si Picardo está amparado por la inmunidad diplomática y remite una comisión rogatoria a Reino Unido para que se le faciliten los expedientes policiales y judiciales tramitados tras los arrestos.El Ministro Principal Fabian Picardo ha tomado nota de los informes de prensa en relación con un caso presentado en su contra en Madrid por activistas del grupo político español de extrema derecha “Vox”.
El Ministro Principal dijo: “Los procedimientos legales en mi contra alegando tortura, que han sido presentados en la Audiencia Nacional de Madrid por activistas del partido político español Vox son frívolos y vejatorios y evidencian un claro abuso de proceso. Además, estos procedimientos, son un insulto a la excelente reputación y al trabajo de la Royal Gibraltar Police, a la Corte de Magistrados de Gibraltar y al sistema legal, y tengo plena confianza en ello.
Respeto plenamente a los tribunales españoles y al sistema judicial. Por lo tanto no perderé un momento de sueño sobre este caso. Se instruirá a los abogados para que actúen en este claro abuso de proceso”.Los denunciantes aseguran que las autoridades británicas actuaron de forma desproporcionada contra Mínguez. Tras cachearle, le retuvieron durante más de siete horas en dependencias policiales donde “se le negó el ejercicio de sus derechos, la asistencia letrada, el alimento y el aseo”, dicen.Esta situación se mantuvo –aseguraba VOX– tras pasar a disposición judicial donde se acordó su ingreso en prisión provisional.
El partido dirigido por Santiago Abascal también afirma que su responsable de servicios jurídicos, Pedro Fernández, observó cuando acudió a interesarse por Mínguez un trato “discriminatorio”. “Se le condujo al juicio esposado y fue introducido en una cámara acristalada sin haberse comunicado con su abogado”, decía la denuncia.El presidente de Vox en Madrid fue arrestado tras participar en el despliegue de una bandera de España gigante en el lado norte del peñón de la colonia británica. “Con este acto, Vox ha querido reivindicar que jamás cejará hasta recuperar la plena soberanía española del Peñón”, explicó entonces la formación.
