IAM/Redacción El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha reabierto la investigación de un atentado perpetrado por ETA en 1979 en Villafranca (Guipúzcoa) en el que murieron un guardia civil, natural de Tarifa y su pareja, nacida en San Roque, conocidos como los ‘novios de Cádiz’.
Ha pedido a la Policía y a la Guardia Civil que le informen sobre sus posibles autores.En un auto, Moreno acuerda la reapertura de la causa a instancia de la Fiscalía y de la acusación particular ejercida por la hermana de la mujer que resultó asesinada.El atentado tuvo lugar el 6 de enero de 1979 en la calle Jardines de Beasain del municipio guipuzcoano, cuando el guardia civil Antonio Ramírez Gallardo y su novia Hortensia González fueron tiroteados mientras paseaban, lo que les causó la muerte.La Fiscalía ha informado ahora a favor de la reapertura, alegando que es posible porque se desconoce si está prescrito el delito de integración en banda terrorista que se imputaría a los autores.
El plazo de prescripción de ese delito, indica el fiscal, empieza a contar desde que el etarra en cuestión deja la banda y en este caso, al no saberse los autores, tampoco se puede saber si ha transcurrido el plazo o no.Considera además que los delitos de integración y de asesinato que se dan en este atentado “no pueden separarse” porque “forman una conexión natural, íntima e indestructible al tener un único proyecto”, por lo que ambos estarían vigentes si no se demuestra su prescripción.En vista de este informe de la Fiscalía, el juez ha ordenado a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía y al Servicio de Información de la Guardia Civil que elaboren sendos informes respecto a la autoría del ataque terrorista.
Este atentado es uno de los más de 300 ataques de ETA que están aún sin resolver. Según el estudio Los derechos de las víctimas de ETA. Su Situación actual elaborado en 2015 por encargo del Congreso, aún hay 377 crímenes de ETA de los que no se ha encontrado autor.La petición de reapertura partió de la Fundación Villacisneros, que el 12 de octubre del año pasado pidió la investigación de cuatro casos sin resolver. Su presidente, Íñigo Gómez-Pineda, ha explicado que esta decisión judicial supone una esperanza para los familiares de la víctimas, cuando prácticamente un 40% de los asesinatos de ETA “han quedado impunes”.
