IAM/Redacción El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha llamado hoy a la “responsabilidad” de la Junta de Andalucía para buscar soluciones al conflicto entre taxi y los vehículos de transporte con conductor (VTC) y ha pedido a la Consejería de Fomento que refuerce las actuaciones de inspección de control “para hacer cumplir la legislación vigente, en el ejercicio de sus competencias”. (Foto archivo taxis). 

Sanz ha asegurado que el Gobierno y el Ministerio de Fomento trabajan, “con mano tendida, para reforzar la cooperación institucional con todas las administraciones que tienen competencia en la materia y ha anunciado a este respecto, que se está trabajando en una instrucción a las Comunidades Autónomas para que establezcan un registro que les ayude a combatir el fraude en el sector y propiciar “una convivencia armónica”.     Ello no obstante, ha precisado que “el desfase de licencias VTC concedidas al margen del número legal es fruto de sentencias judiciales amparadas en una ley socialista de 2009” y que el Gobierno de Mariano Rajoy ya modificó la llamada Ley Omnibus para regular la concesión de este tipo de licencias y resolver los problemas de inseguridad jurídica .Sanz ha puesto de manifiesto la “mayor voluntad del Gobierno para dialogar y consensuar soluciones”, pero ha recordado a la Junta que tanto la gestión de las licencias a los VTC como su otorgamiento y la inspección de las mismas son competencia de las comunidades autónomas por delegación del Estado a través de la Ley Orgánica 5/1987 en relación con los transportes por carretera.Además, el delegado ha explicado que este conflicto “es fruto de la herencia del anterior Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero”, cuando en el año 2009 aprobó la Ley Ómnibus, que introdujo la liberalización de servicios y que, en este caso concreto, “provocó la judicialización de las normas de proporcionalidad entre ambos sectores, que hasta ese momento existía una limitación de una licencia VTC por cada 30 taxis”.Según ha explicado Sanz, tras la entrada en vigor de la citada Ley Ómnibus y al amparo de la misma, aprobada bajo el impulso de un Gobierno socialista, “hubo empresas que, habiéndoles denegado las licencias en vía administrativa por estar agotada la proporción del 1/30, recurrieron a los tribunales de Justicia por considerar que vulneraba la ley de libre competencia”. Durante esos años, es decir, entre 2009 y 2013, los órganos judiciales fueron resolviendo estos procedimientos y muchos de ellos fallaron a favor de los demandantes, que obtuvieron su licencia VTC.Por tanto, “todas las licencias que exceden el número legal establecido de 1/30 son fruto de resoluciones judiciales amparadas por una ley socialista”, ha señalado el delegado del Gobierno, quien ha reclamado a la Junta que “no eluda responsabilidades ni trate de tirar la pelota de unas a otras administraciones cuando el origen del problema radica en una norma que elaboró su propio partido”.ACTUACIONES DEL GOBIERNOSanz ha detallado que tras recibir esta “herencia envenenada de Zapatero”, el Gobierno de Mariano Rajoy “tomó las riendas del conflicto y desde 2013, cuando empezaron a dictarse las primeras sentencias a favor de los VTC, trató de enmendar el error del PSOE”. Así, ha señalado que el Ministerio de Fomento modificó la norma y restableció la proporción concreta de 1 autorización de VTC frente a 30 licencias de taxi.En definitiva, ha remarcado Sanz, el Gobierno de Rajoy “decidió actuar para blindar los requisitos necesarios para acceder a una licencia de este tipo y solucionó el problema de la inseguridad jurídica, evitando que prosperasen los recursos para obtener licencias por la vía judicial presentados a partir de la Ley Ómnibus que promovió el PSOE”.Por todo ello, el delegado del Gobierno en Andalucía ha destacado que el Ministerio de Fomento “está poniendo todo su esfuerzo para resolver los problemas generados por el Ejecutivo de Zapatero, primero modificando la Ley Ómnibus, reforzando el diálogo para establecer las medidas necesarias que favorezcan un escenario de convivencia pacífica y ordenada entre ambos sectores y facilitando los recursos necesarios para que las comunidades autónomas puedan establecer controles más eficaces y detectar los posibles fraudes”.