IAM/Redacción Libertad Benítez, parlamentaria andaluza, lamenta que el Gobierno andaluz utilice la eliminación de unidades pública en la provincia para cuadrar cifras

Podemos considera que el curso escolar comienza tal y como terminó el anterior: con múltiples asignaturas pendientes. Entre las viejas costumbres: “La consejera de Educación estrena el curso con las manías de siempre, autobombo, triunfalismo y falta de honestidad política. De hecho, ya hay familias que han denunciado que sus hijas e hijos empezarán las aulas sin los maestros que necesitan”, sostiene la parlamentaria andaluza Libertad Benítez, que lamenta las mentiras de la Junta en torno al falso descenso del ratio de alumnos por profesores.Podemos explica que desde el Gobierno andaluz del PSOE tergiversan la realidad. La semana pasada, por ejemplo, la consejera vendía un incremento de plantilla ficticio, pues se trata de una recuperación parcial de los miles de docentes que expulsaron del sistema con la excusa de la crisis. “Y esta recuperación de plantilla no trae asociada una bajada de ratio porque la Junta de Andalucía sigue suprimiendo unidades públicas mientras la escuela concertada-privada avanza a paso firme y sin pausa”, señala Benítez. Al tiempo que aguarda la invitación de la consejera para visitar una clase donde haya 15 alumnos por profesor.La formación recuerda que la gestión de Susana Díaz ha eliminado hasta 1.417 unidades pública de Educación Infantil. De ellas, 210 en la provincia. Asimismo, Libertad Benítez insiste en que “si en junio se anunció el plan de choque para aliviar el calor en las aulas, que entonces ya nos parecía ridículo porque sólo se sometía al 1 por ciento de los centros, más ridículo ha sido el resultado: obras a medias y ventiladores para repartir entre el alumnado”.Asimismo, denuncian que bebés de 0 a 3 años estrenarán el curso en caracolas, que siguen sin eliminarse. Por eso, “queremos medidas serias y efectivas”, exige Libertad Benítez, que insiste en la necesidad de que el Gobierno andaluz adopte la ley creada por Podemos para blindar la enseñanza pública. “Una ley que llega del consenso de toda la comunidad educativa y que establece una cláusula suelo del 5 por ciento del PIB y supone 1.500 millones de euros más para Educación respecto al presupuesto del 2017”.