IAM/ALJ La batalla del “relato” del proceso catalán parece que la estamos perdiendo los demócratas y los defensores del Estado de derecho. Así que hay que presentar batalla al “relato” de los insensatos. Y ahora, democráticamente, es el momento de hacerlo.
Cuenta el escritor Muñoz Molina que cuando está fuera de España siempre termina dando explicaciones de historia, y hasta de geografía, cuando habla de lo pasado en el País Vasco o de lo que ocurre ahora en Cataluña, sin que le hagan mucho caso. Una parte grande de la opinión cultivada, en Europa y América, y más aún las elites universitarias y periodísticas, prefieren mantener una visión sombría de España, un apego perezoso a los peores estereotipos, en especial el de la herencia de la dictadura franquista, o el de la propensión taurina a la guerra civil y al derramamiento de sangre.A los Gobiernos españoles les ha faltado una política exterior ambiciosa a largo plazo, y un acuerdo de Estado para mejorar nuestra presencia internacional, y que no cambie desastrosamente de un Gobierno a otro, como ha ocurrido y ocurre con el sistema Educativo español. La democracia española no ha sido capaz de disipar los estereotipos de siglos.
Los terroristas vascos y sus propagandistas supieron aprovecharlos muy bien durante muchos años, precisamente donde éramos más vulnerables, o no nos acordamos que a los pistoleros más sanguinarios se les seguía concediendo en Francia el estatuto de refugiados políticos.Ahora a los independentistas catalanes no les ha costado un gran esfuerzo, ni un gran despliegue mediático, poner a su favor a la opinión pública internacional en eso que todo el mundo se ha puesto de acuerdo en llamar “el relato”.
Lo habrían logrado incluso sin la colaboración voluntariosa y torpe del Ministerio del Interior, que envió a policías nacionales y guardias civiles a actuar de extras el 1 de octubre en el espectáculo amargo y útil para nuestro desprestigio. En nuestro país no se explica todo el jolgorio soberanista sin el éxito de la infiltración nacionalista en el tejido social puesto en marcha hace décadas (el llamado Programa 2000 de Convergéncia) para hacerse con el control de la sociedad desde la educación en todos sus niveles hasta las entidades deportivas o culturales, pasando por los medios de comunicación, las asociaciones patronales o los sindicatos. Solo así se entiende la complicidad de muchos y el silencio de otros.
La gran derrota del constitucionalismo español en Cataluña, comprobada de forma reiterada, no ha consistido en una ausencia de razones para oponerse al independentismo, sino en su no verbalización, o en su verbalización errónea. Ha sido y está siendo una derrota por práctica incomparecencia, consecuencia directa de una política que ha rebajado el voltaje del problema dejando el campo libre a la agitación y propaganda independentista, que ha penetrado, incluso, en las bolsas de electores más proclives en la izquierda a opciones constitucionalistas. Pero nunca es tarde para rectificar porque hacerlo es de sabios. Este Gobierno, o el que venga, y los demás partidos deberían convocar a determinados intelectuales, economistas, historiadores y sociólogos, y pedirles, no solo un diagnóstico, sino también los mimbres para una terapia política y un discurso adecuado y veraz sobre la Cataluña de hoy. Un “relato” constitucionalista que demasiados ciudadanos españoles echamos en falta. Y este, democráticamente, es el momento de hacerlo.
Así que acumulemos talentos en distintas disciplinas que resitúen el foco sobre las realidades y denuncie las ensoñaciones catalanas, que los insensatos nacionalistas han llevado a una dinámica de radicalidad cada día mayor. Radicalidad que nos lleva inexorablemente a una fractura interna en Cataluña y a una confrontación clara y virulenta de los nacionalistas con el Estado. Tristes y tensos días le esperan a nuestro país y un futuro oscuro para todos los españoles -incluidos los catalanes-, sino se hace pronto la luz. Del artículo 155 de la CE hablare cuando se articulen las medidas acordadas por el Gobierno y se aprueben por el Senado.
