IAM/ALJ En cierta forma nuestro país está cambiando en este otoño caliente, pero ya es necesario abrir espacios para hacer política con mayúscula, no para la restauración de la legalidad constitucional en Cataluña, que también, sino para la reforma de nuestra Constitución, hecho imprescindible y urgente.
La reforma constitucional se ha ido posponiendo durante años por las inconveniencias de unos y los maximalismos de otros, y debe volver a la agenda política cuanto antes. Así que saludemos con satisfacción que ya exista una comisión de reforma constitucional en el Congreso de los Diputados pactada entre el PP, PSOE y Ciudadanos.
Esta comisión impulsada por los socialistas y bajo la presidencia de un veterano diputado, José Enrique Serrano, ha quedado constituida este 15 de noviembre para el estudio y modernización del modelo territorial. En próximos días aprobará un plan de trabajo inmediato con las primeras comparecencias, las de los tres padres vivos de la Constitución: Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), José Pedro Pérez-Llorca (UCD) y Miguel Roca (Convergència). Esta comisión arranca con sillas vacías, las de Podemos, pero no se puede considerar un fracaso, según la portavoz parlamentaria socialista, Margarita Robles, sino una apuesta firme por el diálogo en un momento en el que son necesarias las propuestas y las iniciativas para desatascar las tensiones territoriales creadas por el conflicto catalán. Se debe impulsar esta comisión como antesala para abordar una futura reforma constitucional en el plazo de seis meses. Margarita Robles ha lamentado que haya formaciones políticas como Podemos que prefieran hacer «campaña electoral» con estos temas y ha vuelto a invitar a los partidos nacionalistas e independentistas para que se sumen a la iniciativa en un futuro. Pero, eso sí, es imprescindible que a la misma no se acuda con prejuicios, limites previos o líneas rojas, porque sería condenar la reforma al fracaso. El PSOE ha propuesto a la comisión articular los debates en varios bloques, balance del modelo autonómico y marco competencial, nomenclatura de las comunidades autónomas, análisis de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut, financiación autonómica y autonomía local. Las comparecencias en la comisión coincidirán con la campaña electoral del 21-D y con el 39 aniversario de la aprobación de la Constitución en referéndum el 6 de diciembre de 1978. La idea, precisamente, es la de presentar la comisión en esas fechas como la salida al bloqueo institucional por el “procés” independentista y para neutralizar futuras amenazas soberanistas en España. Está reforma trata, o al menos esa es la intención, de garantizar otros cuarenta años de prosperidad económica en nuestro país, desarrollo político, encaje territorial, cohesión social y éxito en Europa y en el mundo. Porque esta reforma constitucional debe ser para todos y en nombre de todos o no será.
Por eso, si queremos lograr el mismo éxito político de 1978, hay que fijar los objetivos comunes y el modelo de país al que aspiramos para después poder negociar cómo plasmarlo y que satisfaga a todos. El objetivo es impulsar la modernidad de España y su inserción en el mundo con políticas eficaces e instituciones al servicio de todos. Esa es la política constitucional que necesitamos. Así que bienvenida sea la comisión.
