El fiscal jefe antidroga, José Ramón Noreña, duda que con la detención del histórico narcotraficante Sito Miñanco se haya desmantelado toda la organización y recuerda la constante en el narcotraficante de las sagas familiares, por lo que avisa que «la saga continúa».
En una entrevista concedida a Efe, Noreña repasa la evolución del consumo de droga en España, los últimos golpes al narcotráfico -fundamentalmente el que llevó a la caída de José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco y las dificultades de atajar el tráfico de hachís en el Estrecho de Gibraltar, que considera se ha convertido ya en un problema político.Sobre Sito Miñanco, el fiscal jefe no termina de tener claro que se haya conseguido desmantelar por completo su organización y recuerda que aún estando en prisión seguía dirigiendo su amplía red de narcotraficantes.»Normalmente, cuando cae una cabeza importante le suele sustituir su lugarteniente o alguna persona del segundo escalón, o su organización es sustituida por otra, y yo no me atrevería a decir que hemos desmantelado toda la organización de Sito Miñanco», advierte.Califica además de «rarita» la situación en la que se encontraba cuando se produjo su arresto -en situación de libertad condicional y trabajando en un garaje en Málaga-. «Es lo menos que puedo decir», desliza.Tampoco cree que su detención haya hecho especial mella en el mundo del narcotráfico en Galicia.»Sito Miñanco es uno, es importante, dicen que es el más importante narcotraficante gallego, pero ahí estaba Laureano Oubiña y está el hijastro de Laureano Oubiña, David Pérez Lago. También están los Charlines y puede haber gente… son sagas familiares. Los Charlines van ya por la tercera generación».Por eso, el fiscal que dirige Antidroga desde 2006 está convencido de que «la saga continúa», bien por que «no saben hacer otra cosa» o también por «las ganancias que obtienen».
Estrecho
En una entrevista concedida a Efe, Noreña se muestra preocupado por la situación en el campo de Gibraltar ya que un asunto de drogas se ha convertido en un problema de «paz pública» generado por bandas de narcotraficantes que se enfrentan directamente contra los cuerpos de seguridad del Estado.»Ahí habría que reforzar con unidades policiales distintas de las investigadoras», opina Noreña, que insiste en que no es un asunto «de hace un año», sino que se ha hecho más visible desde entonces pero que «lleva ya varios años así y no tiene fácil solución».Noreña, que lidera la Fiscalía especial Antidroga desde 2006, cuando le tomó el relevo a Javier Zaragoza, destaca que se trata de una zona muy deprimida y que las personas que trabajan para los narcos tienen «una formación mínima», por lo que es complicado darles alternativas de trabajo cuando los delincuentes les pueden pagar «cinco o diez veces más».En su opinión, aunque hay algún movimiento ciudadano que lucha por la paz social, es un tema difícil de abordar porque mientras un sector de la población está al servicio de los narcotraficantes, otro no reúne el valor para denunciar. «Algún movimiento ciudadano hay, pero no importante», agrega.Noreña distingue entre dos actividades «muy distintas» que llevan a cabo los narcos en la bahía de Algeciras, con la introducción de cocaína con contenedores a través del puerto, por un lado, y el transporte de hachís desde Marruecos, por otro.La del puerto de Algeciras con el tráfico de cocaína, explica, «es muy importante desde el punto de vista económico, pero no genera la alarma social que está generando el tráfico de hachís a través de lanchas cruzando el Estrecho», expone.Es por esta última actividad por la que se están produciendo «problemas de auténtico orden público», pero no entre grupos de narcotraficantes, sino contra los agentes que luchan contra ellos, con lo que considera que «es un problema político, de gobierno, no de los jueces y fiscales».Preguntado sobre si teme que este problema pueda desembocar en atentados contra la vida de los agentes en vista de que los narcotraficantes están armados, contesta que «es un riesgo», aunque matiza que espera que ocurra como en otros países, donde «esos ataques a jueces, fiscales y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se producen ante la reacción del Estado».
