IAM/Redacción El Giobierno tramitará una modificación de la ley orgánica de represión del contrabando que incluirá la prohibición de las embarcaciones conocidas como narcolanchas, que sólo podrán ser usadas por organismos públicos.
Según ha anunciado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el uso privado de estas embarcaciones será ilegal con esta reforma legal, que impulsará un registro en el que inscribir estas lanchas semirígidas.
«El Gobierno va a poner todos los instrumentos en su mano para poder combatir esta situación y dar tranquilidad a esta zona de la comunidad andaluza», ha subrayado Montero, vinculando esta iniciativa con la lucha contra las mafias que operan en Campo de Gibraltar.
«Con esta iniciativa se penalizará el uso ilegítimo de las embarcaciones que se utilizan para el contrabando, se podrán hace decomisos de embarcaciones cuando sean detectadas aunque no lleve carga ilícita e incoar sanciones», ha informado la titular de Hacienda, en un movimiento que ha dicho que está coordinado con el Ministerio de Interior.
Montero ha admitido que el contrabando plantea «importantes problemas y retos» para los órganos públicos que lidian con este asunto. Además, la ministra ha hecho hincapié en que produce «alarma social y problemas de seguridad publica», por lo que considera que se convierte en un «caldo de cultivo para el deterioro social».
