• Se han incautado cerca de 10 toneladas de hachís, además de 12 vehículos que habían sido previamente sustraídos. También se han intervenido bienes inmuebles por valor de cerca de 3 millones de euros y bienes muebles cuyo valor roza los 300.000 euros
• Se han d costas. Estos pilotos ocupaban un escalón alto en la organización y estaban muy bien considerados y retribuidos.
Durante las operaciones de desembarque contaban con un nutrido grupo de personas, los conocidos como “puntos”, que utilizaban teléfonos móviles o walkie-talkies para dar aviso en caso de que la Guardia Civil hiciera acto de presencia, con lo que se abortaría el alijo hasta el
momento adecuado.
Al llegar las embarcaciones a tierra eran recibidas por grupos de personas de la máxima confianza de los líderes, los conocidas como “collas”, dirigidos durante la descarga por su “jefe de colla”.
El hachís era cargado en vehículos que previamente habían sido robados por una “división” que, tras robarlos, los preparaba para la carga y los escondía en lugares seguros hasta que eran utilizados para el transporte de la mercancía. Eran, preferentemente, todo-terrenos de gran capacidad, a los que tintaban las lunas de negro y quitaban los asientos traseros para aumentar la capacidad de carga.
Disponían de lugares seguros para guardar estos vehículos y así usarlos en diferentes ocasiones. Las ramas de la organización delictiva asentadas en San Roque y Manilva usaban obras en construcción para ocultarlos, mientras que la asentada en Tarifa usaba fincas en las que tenían depositados contenedores de transporte de 20 pies.
Por otro lado, contaban con un sistema de “guarderías” de droga doble o triple, con personal encargado de su custodia, para evitar la acción de la Guardia Civil o de otras organizaciones que se dedican a robarla “vuelcos”. En primer lugar los fardos de hachís se cargaban en los vehículos robados y se ocultaban en un lugar cerca de la costa para “enfriar” la mercancía. Una vez que pasa un tiempo prudencial, para
asegurarse que no están perseguidos por las FCSE, son transportados a otra segunda guardería o zulo. Este segundo zulo contaba con más medidas de seguridad y, desde allí, la droga era transportada a su destino final, que podía ser cualquier punto de Europa.
Otra medida de seguridad era el numeroso grupo de personas que se encargaban de vigilar las tareas de desembarque y transporte de la droga; de hecho, se han intervenido cerca de treinta teléfonos móviles, algunos de ellos con pegatinas en los que indicaba el lugar donde tenían
que ubicarse estas personas.
En total la Guardia Civil, en las diferentes aprehensiones que ha realizado, ha incautado 9.640 kilogramos de hachís de diferentes alijos, ocurridos en las playas de Tarifa, San Roque y Manilva.
Ha descubierto 10 guarderías cerca de la costa, utilizadas para esconder la droga y los vehículos en las localidades de Manilva, Casares, San Enrique de Guadiaro, Tesorillo, Estepona y Tarifa. En estos lugares y en los alijos se han recuperado doce vehículos robados en España y Marruecos.
Se han realizado ocho registros en domicilios y se ha incautado numerosa documentación que será analizada por equipos
especializados en investigación económica y blanqueo de capitales.
Además, se ha solicitado a la Autoridad Judicial la prohibición de la disposición de los bienes muebles e inmuebles nominales de los implicados, estando en ejecución una Investigación Patrimonial para determinar el origen de esos bienes. Hasta el momento los investigadores han intervenido bienes inmuebles por un valor 2.809.576 euros y de bienes muebles por 293.818 euros.
Hay 57 personas detenidas, la mayoría mientras culminaban los alijos en la playa y en la custodia de la droga y de los vehículos sustraídos, el
resto son los jefes de la organización y personal de los escalones de infraestructura y logística. Uno de los cabecillas es un empleado público
que llevaba una vida aparentemente “normal”, sin hacer ningún tipo de alarde u ostentación. Se ha ordenado el ingreso en prisión de más de la
mitad de los detenidos.
En esta operación, coordinada por la Jefatura de la Guardia Civil en Andalucía, han participado unidades de las Comandancias de la Guardia Civil de Algeciras y Málaga, así como el OCON, GAR y Unidad Aérea de la Zona de Andalucía. La Operación continúa abierta y está dirigida por el Juzgado Mixto número 1 de San Roque.