De éstas, se han resuelto hasta la fecha el 35,1%, que equivale a unas 4.761 solicitudes, con 23.300 trabajadores incluidos, gracias al intenso trabajo realizado por más de 90 funcionarios de la Delegación Territorial dedicados a tiempo completo a esta labor.

   La epidemia provocada por el COVID 19 está teniendo graves consecuencias sobre la salud de las personas, pero también las tiene sobre la economía. El estado de alerta decretado por el (RD 463/2020 de 14 de marzo) y las siguientes normas (RDL 8, 9, 10 y 11 de 2020) aprobadas por el Gobierno de España, han limitado la movilidad de las personas y las actividades económicas relacionadas con esta decisión.

   El Gobierno de España decidió también aplicar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) como medida principal para afrontar la denominada hibernación de la economía. Una medida adoptada sin consultar a quien es uno de los principales responsables de su implementación: la Comunidad Autónoma de Andalucía, que cumple con la tarea de ser la autoridad laboral y debe realizar el registro y resolución de las solicitudes.

A pesar de ello, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha asumido su responsabilidad en este difícil y complicado proceso. El número de solicitudes de ERTE con entrada desde el día 14 de marzo asciende a 88.650 con 427.000 trabajadores afectados, aproximadamente, en toda Andalucía. En Cádiz se han registrado 13.563 solicitudes de ERTE (el 15,3% de Andalucía) que afectan a unos 66.400 trabajadores. Los porcentajes en el resto de provincias son los siguientes: Almería: 7,9%; Córdoba: 8,3%; Granada: 10,4%; Huelva: 5,3%; Jaén: 6,5%; Málaga: 26,4% y Sevilla: 19,9%.

Este aluvión de solicitudes ha implicado desarrollar en un tiempo récord un procedimiento informático para, en primer lugar, registrar con garantías las solicitudes y después resolver las solicitudes en el breve plazo de cinco días (los dos primeros días entraron más de 18.000 solicitudes).

Hay 45 empleados dedicados a este cometido a tiempo completo en los Servicios Centrales de la Consejería. A los que hay que sumar los 352 en las delegaciones territoriales (de ellos, 94 en la Delegación de Cádiz) y 130 trabajadores que se han ofrecido voluntariamente de otras Consejerías.  Por tanto, un total de 527 personas están registrando y tramitando de forma diligente, el enorme número de solicitudes de ERTE que han presentado las empresas andaluzas.

En este momento se han resuelto 36.345 solicitudes en Andalucía que incluyen a 179.090 trabajadores. De las resoluciones emitidas, el 96,3% ha sido favorable y el 3,7% desfavorable. Del total de resoluciones en las que están representados 265 CNAE diferentes (tres dígitos), las actividades más afectadas son las siguientes: Establecimientos de bebidas (bares): 30,3%; Restaurantes y establecimientos comidas: 14,7%; Comercio al por menor: 23%; Otros servicios personales; 4,7% y Actividades deportivas: 2,8%.

   La Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo valora el uso de los ERTE, pero considera, y así lo trasladó al Gobierno de España en diferentes ocasiones, que no es la única alternativa posible. La vía adoptada por el Gobierno de Dinamarca, por ejemplo, de pagar a las empresas un porcentaje del salario de los trabajadores para que mantengan el pago de las nóminas, se considera más rápida y eficaz. Esta decisión, que se podría haber aplicado acotándola a determinadas actividades, se podría haber instrumentado a través de la Seguridad Social de manera que se habría conseguido mantener la renta de forma inmediata. Además, habría tenido la ventaja de incluir a los trabajadores temporales en plantilla.

   La Junta de Andalucía está colaborando lealmente con el Gobierno de España para afrontar la situación al que nos estamos enfrentando, al servicio de los intereses de la ciudadanía andaluza: las personas trabajadoras y las empresas. Por eso la Consejería de Empleo está cumpliendo de firma diligente y estricta con todas sus responsabilidades en el ingente proceso de registro y resolución de los ERTE, a pesar de que las medidas adoptadas no han sido consensuadas y que la información facilitada no ha sido suficiente ni aclaratoria. A este comportamiento, que suma haber arrebatado los recursos necesarios para aplicar las políticas de formación que permitan ayudar a mantener el empleo en Andalucía.

   Una de las principales tareas de cualquier Gobierno es elegir los mejores instrumentos para conseguir los objetivos propuestos, para lo que ayuda conocer en profundidad la materia y los procedimientos administrativos. Por eso siempre es conveniente contar con la colaboración de todas las administraciones. Ese proceder es más necesario que nunca en la excepcional situación en la que nos encontramos.