El pleno del Parlamento Europeo ha tumbado esta semana la prórroga provisional que permitía a la flota comunitaria y reclama que si Bruselas negocia un nuevo régimen pesquero con Rabat, éste incluya condiciones más estrictas y transparentes sobre el Sáhara occidental y sobre las condiciones medioambientales y económicas de tal convenio.
El acuerdo actual ofrece 36,1 millones de euros anuales a Marruecos a cambio de 119 licencias de pesca, cerca de un centenar de ellas para barcos españoles; andaluces y canarios en su mayoría.
La opinión de la Eurocámara es de carácter vinculante, por lo que este voto supone que los barcos de la Unión Europea cesan su actividad «de forma inmediata» en los caladeros afectados.
En Barbate la situación es crítica, ya que su economía depende en demasía de la flota pesquera que faena en Marruecos, dedicada principalmente a la pesca del boquerón.
