La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al presidente del Consorcio provincial de Bomberos, Fernando García Navarro, que paralice las oposiciones que se están llevando a cabo para cubrir diversas plazas vacantes en la plantilla, 7 plazas de bombero, 2 plazas de cabo y 1 de sargento, por las irregularidades detectadas en el proceso.
En su momento, CSIF ya recusó a determinados miembros de los tribunales de dichas oposiciones, ya que eran representantes en la Junta de Personal por CCOO (único sindicato firmante del Acuerdo Regulador vigente). Una recusación que nunca fue atendida por el anterior equipo de Gobierno del Consorcio (PSOE). Pero la situación aún ha empeorado, al saberse que los aspirantes que encabezan las listas de aprobados también estaban en las candidaturas de CCOO en las elecciones sindicales a la Junta de Personal del Consorcio.
CSIF, junto a otros tres sindicatos con representación en el Consorcio, han denunciado la presunta manipulación en las pruebas desarrolladas hasta el momento, siendo la prueba escrita la que ha colmado el vaso de la incredulidad. Esta prueba solo ha sido superada por 7 de los más de 150 opositores que se presentaron a la misma; cifra que casualmente coincide con el de plazas vacantes. El resto de opositores no ha superado la prueba.
El sindicato agrega que otra de las anomalías del proceso ha sido la cantidad de errores detectados en las respuestas y por tanto en las plantillas correctoras de dichos exámenes; se han puesto todo tipo de trabas para la revisión de exámenes y se les ha negado copia de los exámenes, copia de las plantillas correctoras y copia del propio examen de cada opositor que así lo ha solicitado.
Además, para CSIF, carece de sentido que en las pruebas aparezcan preguntas como “¿Qué país de los siguientes, España, Grecia, Republica Checa o Chipre tiene menor producto interior bruto?”, puesto que no tienen ningún tipo de relación con los conocimientos exigibles a los bomberos para ejercer su actividad.
CSIF espera que se investiguen las irregularidades denunciadas y, en caso de que se demuestren, se proceda a la anulación del proceso y se exijan responsabilidades.
