Habrá sequía, pero no podemos ni debemos aceptar esa lluvia de bulos y mentiras que caen continuamente sobre nosotros. En el fondo estamos hablando de más o menos democracia, y de quien además de vivir para la política puede acabar viviendo de ella.
Ya está bien de tanta apatía o desgana de la ciudadanía. En democracia, necesitamos tanto buenos ciudadanos como buenos políticos. Y necesitamos que esos ciudadanos participen más. La idea de delegar todo nuestro poder de decisión sobre unos cientos de personas es odiosa para cualquiera que crea en una verdadera democracia.
No basta con poner una cruz en una papeleta. Eso no es suficiente. Hay que hacer algo más, porque al final lo que queda es un malestar hondo y sordo, pero no mudo, que acaba dañando nuestra democracia. Hay que hacer ruido, que se vea que hay una “demanda” social insatisfecha. O mejor, realizar un compromiso con algún grupo político, ecológico o social, ¡qué menos!
Han tenido que llegar las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo para que por fin se pusiera el ojo público sobre Doñana, la vivienda, las pensiones, la desigualdad, las consecuencias ecológicas de determinadas prácticas agrícolas, la fealdad de nuestras ciudades, etc…
España está viviendo una fase política muy polarizada con mutuas acusaciones de erosión de la calidad democrática. La coalición de gobierno reprocha a la oposición el bloqueo en la renovación de los órganos fundamentales, especialmente el del gobierno de la justicia.
La oposición acusa al Gobierno de múltiples acciones que supuestamente debilitan la democracia. Sin embargo, el índice de Economist Intelligence Unit, que ofrece pronósticos, asesoramientos y análisis de países para The Economist, muestra una valoración sustancialmente estable de la democracia española en los últimos años.
Daniel Ziblatt, politólogo de Harvard y coautor de “Como mueren las democracias», en una mirada global sobre la política española, opina que con cierta frecuencia ocurren situaciones en las que se usan de forma impropia conceptos constitucionales, se aprovecha la letra de la ley para vulnerar el espíritu de la ley y se estiran los procedimientos legales hasta límites insospechados.
La cuestión es que, en una democracia, se requiere que los líderes políticos actúen con cierta contención. Ambas partes, Sánchez y Feijóo, tienen que hacerlo. No es un requisito legal escrito, pero es un requisito informal para que la democracia sea estable, y no la “realidad alternativa” de Donald Trump.
En cuanto a la política judicial tanto en España como en el mundo, Daniel Ziblatt considera que los tribunales se han convertido en algo tan importantes para Gobierno y Oposición, que cada parte ve la victoria de la otra y la perspectiva de un posible dominio de las instituciones judiciales como una amenaza existencial.
Hay políticos dispuestos a utilizar cualquier medio para controlar este proceso. Es obvio en grado extremo en Hungría o, recientemente, en Israel, pero la erosión cuando es paulatina, resulta casi imperceptible, y avanza sin provocar reacciones. No ocurre así en España.
En España, reconocer que hay un problema con la Justicia no significa que la gente salga a la calle como pasa en Israel, donde ha habido una alianza en todos los sectores de la sociedad: empresarios, trabajadores y estudiantes, que de forma espontánea y activa no están dispuestos a dejar que el actual gobierno siga con sus políticas autoritarias.
Porque una sociedad civil débil y una oposición fragmentada son un problema en cualquier país democrático. El desafío es superar esas divisiones internas, y llegar a la conclusión de que, si bien hay un desacuerdo en muchas cosas, la amenaza puede ser mayor que esos disensos, y se hace necesario formar una coalición de todos para afrontarla. Pero aquí, ¿quién le pone el cascabel gato?
