El gobierno de Gibraltar ha generado un nuevo contencioso con la expulsión de los pescadores españoles de las aguas que rodean al Peñón, que el alcalde de Algeciras y diputado nacional, José Ignacio Landaluce tras su gesto de embarcarse en una traíña apoyándoles, anuncia que el Grupo Parlamentario Popular va a trasladar este asunto al Congreso de los Diputados a través de iniciativas parlamentarias que persigan defender a los pescadores y a su derecho a faenar, sin renunciar en ningún momento a continuar la reivindicación sobre la titularidad de esas aguas como españolas. Medida la de expulsar a los pescadores españoles de las aguas donde desde siempre han faenado, que para el presidente de la Federación de Armadores de Andalucía es una esta situación que supone «levantar un hacha de guerra innecesaria. Provocar tensiones más allá de la convivencia que hemos tenido estos años y que debe perdurar». Expulsión  de los pescadores españoles que incluso rompe el acuerdo firmado por el anterior  ministro principal, Peter Caruana, que las autoridades del Peñón la argumentan en el sentido de que las leyes de la Unión Europea sobre medio ambiente están para cumplirlas: «si hay un pesquero, sea de quien sea, que esté infringiendo la ley, la policía no lo va a permitir». Esta situación viene determinada porque «el nuevo Gobierno de Gibraltar no va a aceptar acuerdos que sean contrarios a la ley. Caruana hizo un arreglo político, pero para este Gobierno, la ley es la ley y hay que respetarla». Esta escrupulosidad con relación a la ley no la cumple el gobierno de Fabián Picardo con los gibraltareños que practican la pesca deportiva y  venden sus capturas (meros, pargos…) a los restaurantes de la Comarca, y que es algo que está prohibido por la Unión Europa ya que  el pescado debe ir documentado (cuando, donde y quien lo pescó). Una trasgresión de una ley de la Unión Europea incumplida a diario por las autoridades de Gibraltar, y en  torno a la cual la guardia civil del puesto fronterizo puede, debe y tiene que actuar para que se cumpla la ley de la Unión Europea.