Si de emborronar fronteras en defensa del interés general se trata, lo sucedido el pasado lunes en el centro cívico Sindicalistas Soto, Saborido y Acosta de Sevilla, es un ejemplo.
No en vano decenas de medios de comunicación de Andalucía y del resto de España con líneas editoriales muy distintas se han hecho eco de la presentación de la Plataforma andaluza por la mayoría social. Casi una veintena de colectivos sindicales, sociales, políticos y ciudadanos de carácter progresista conforman esta plataforma que pretende movilizar al electorado andaluz y “ofrecer a la sociedad andaluza una alternativa de futuro en el que primen los derechos e intereses del pueblo andaluz sobre cualquier estrategia que favorezca la polarización social y el saqueo de lo público en beneficio de intereses particulares”. Las organizaciones integrantes manifiestan su deseo de una Andalucía “con más servicios públicos, más derechos sociales, más igualdad y más futuro”.
El manifiesto suscrito por las organizaciones participantes de la plataforma planea un serie de soluciones a los desafíos de Andalucía que giran en torno a seis bloques temáticos: el sector público como eje vertebrador; el ejercicio de los derechos y de las oportunidades en condiciones de igualdad para las clases, generaciones, géneros e inmigrantes excluíos; la defensa del protagonismo político de la mayoría social, la sociabilidad inclusiva, la información veraz, la cultura feminista y el compromiso cívico; el cambio de modelo productivo en favor de un desarrollo autocentrado y sostenible y el empleo de calidad; la protección del ecosistema y una regulación equitativa de los recursos hídricos, así como políticas de desarrollo contra el despoblamiento del medio rural; y un encaje igualitario de Andalucía en la España federativa y en la Comunidad Europea.
Pero es que además el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla ha desviado 5 millones en ayudas destinadas a guarderías a las obras de un estadio de fútbol. Ha ampliado los contratos a dedo con clínicas privadas mientras que nuestros centros de salud se precarizan cada más. Miles de jóvenes andaluces llevan más de un año esperando el bono alquiler joven cuando otras comunidades autónomas ya lo han resuelto. Y las bajadas de impuestos solo han beneficiado a las grandes fortunas, a los de siempre, mientras que han perjudicado a la mayoría social andaluza.
En vista de todo ello, Tarifa necesita que esta plataforma continúe avanzando. El déficit histórico en educación y sanidad públicas, las enormes deficiencias en transporte e infraestructuras públicas, los gravísimos problemas de acceso a la vivienda para la población local, la amenaza urbanística constante sobre nuestro litoral, los vertidos de aguas fecales a los Lances, nuestros sectores económicos tradicionales o la enorme relevancia del turismo en nuestro municipio necesita una intervención desde lo público profunda y que equilibre la balanza hacia el lado de la mayoría social tarifeña.
