Una de las claves del dinamismo, que mantiene actualmente la economía española contra viento y marea, reside en la incorporación de mano de obra extranjera, que aporta más de la mitad del avance del PIB registrado en los dos últimos años y porque con el tiempo esta mano de obra inmigrante se convertirá en los nuevos ciudadanos españoles.

Desde el primer trimestre del año 2022, el número de ocupados originario de otros países o con doble nacionalidad se ha incrementado más de un 20%. Si comparamos la EPA del primer trimestre de 2022 con el del 2024, del incremento de un millón de personas, 350.000 son españolas, 536.000 extranjeras y el resto personas con doble nacionalidad.
La inmigración obedece sobre todo a motivos laborales. Así lo refleja la composición por edad, siendo la franja de entre 25 y 54 años la más representada. Además, el origen latino americano de la mayoría de inmigrantes contribuye a explicar la relativa facilidad de su integración en el mercado laboral. Importante también es su contribución a frenar el envejecimiento poblacional, con efectos relevantes para el sistema de pensiones.
La relativa facilidad con que la población inmigrante encuentra un puesto de trabajo en España es coherente con un estudio reciente de la OCDE que evidencia el impacto favorable en la Hacienda pública española por los impuestos y las cotizaciones sociales. El último informe del Ministerio de la Seguridad Social cifra en casi 2,8 millones los ciudadanos extranjeros afiliados a la Seguridad Social.
Así que, los inmigrantes son acreedores de nuestro sistema de Seguridad Social, representan el 10% de los ingresos y el 1% de los gastos, con un impacto en el desempleo bajo o nulo. Esta contribución neta, según el cálculo de los expertos y teniendo en cuenta el envejecimiento creciente de la población, condiciona el mantenimiento del sistema a la entrada de 200.000 inmigrantes cada año. En Alemania sería el doble.
Si bien la contratación de personal extranjero sirve para aliviar los problemas de escasez de mano de obra de algunos sectores, también ralentiza la mejora de las políticas de formación o la intermediación laboral. La paradoja es que la entrada de mano de obra extranjera está aportando dinamismo a la economía española, al tiempo que modera la sensación de urgencia para afrontar los grandes desafíos de inversión, paro estructural y productividad.
Dicho lo anterior, no podemos olvidar las raíces del sentimiento antiinmigración que fomenta permanentemente la extrema derecha española (especialmente Vox), con mensajes contrarios a los inmigrantes como una forma de ganar votos, sobre todo, ahora con las elecciones europeas del 9 de junio, donde el proyecto común está en juego.
Las derechas han convertido la inmigración en un tema político candente, generando divisiones que desafían la estabilidad de las democracias occidentales, propagando ideas como “los inmigrantes nos quitan el trabajo” o “vienen a España por las ayudas”, basadas en datos engañosos, erróneos o falsos.
La realidad es que señalan a gente corriente que viene a trabajar, tener un techo, pagar impuestos (y nuestras pensiones), y a ser un ciudadano más. Pero, además, no reemplazan a nadie, más bien viven y trabajan donde los demás no quieren. En resumen, los ultras ven peligro en los más pobres, cuando suelen ser la gente menos peligrosa que hay.
Sin embargo, con este clima de creciente polarización los gobiernos europeos se enfrentan a mayores dificultades para integrar laboral y socialmente a la inmigración y a su inherente diversidad. Aunque este desafío también ofrece enormes oportunidades.
Por un lado, la integración de la población inmigrante es crucial para mejorar la convivencia ciudadana, fomentando mejores relaciones entre diferentes grupos sociales. Por otro lado, la inmigración puede ayudar a rejuvenecer los países europeos, ya que los inmigrantes tienden a ser más jóvenes y presentar una mayor tasa de fecundidad que la población nativa.
Por ello, las instituciones públicas de progreso están buscando revisar el marco legal y las políticas migratorias para promover una sociedad y un crecimiento económico más inclusivo. Sin embargo, es aquí donde surge un dilema social, porque la población nativa mantiene opiniones dispares por los mensajes ultras sobre cuáles son las políticas más eficaces con la población migrante.
Existe un estudio de la fundación ISEAK, cuyos resultados destacan cómo la desinformación prevalente en las economías industrializadas determina la oposición a la inmigración y a su integración. Por eso, para avanzar hacia una sociedad que integre de manera exitosa a sus inmigrantes, es necesario poner el foco en políticas públicas que atajen la desinformación sobre la inmigración.
ISEAK propone a la Administración una serie de recomendaciones que ya han tenido un impacto positivo en países de nuestro entorno y no requieren de gran financiación. Entre ellas, se incluye la promoción de la alfabetización mediática para capacitar a las personas en la identificación de datos y noticias falsas para así frenar la propagación de la desinformación.
Por otro lado, promueven la diversidad a través de actividades de colaboración entre la población nativa e inmigrante. La idea de estas iniciativas se centra en que la integración de la inmigración, y su consiguiente aumento de la diversidad, no cree un sentimiento de amenaza cultural a la población nativa.
Así que, el debate creado en torno a la inmigración debe ser estudiado y analizado, respetando su carácter multifacético desde el rigor de ramas complementarias como la economía, la sociología y la psicología. Pero el estudio realizado sigue invitando a la investigación y profundización de los sentimientos antiinmigración, así como al llamamiento de un discurso más tolerante basado en la información.
Somos una sociedad en transformación, y seguir ignorando las tensiones de la inmigración es un error, porque los migrante ya son una parte esencial de los nuevos ciudadanos españoles.