TCAM-SEVILLA/AGENCIAS-M.J.R.
La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz en funciones, Mar Moreno, ha asegurado este martes 24 de abril de 2012 que la Junta acoge con «pesadumbre» la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que instruye el caso sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, de decretar el ingreso en prisión del exconsejero de Empleo, quien sigue manteniendo la «presunción de inocencia».
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Moreno ha asegurado que la Junta -presentada como parte acusadora en el caso-, no considera «necesario» el ingreso en prisión de Fernández como medida cautelar y ha defendido que existían otras medidas cautelares como una fianza para hipotéticas responsabilidades civiles y la comparecencia periódica en los tribunales, motivo por el cual no se ha apoyado su entrada en prisión preventiva.
Mar Moreno, consejera de la Presidencia en funciones de la Junta
Moreno ha destacado el trabajo «intenso y positivo» de Antonio Fernández en el Gobierno andaluz durante muchos años, que ha servido para solucionar muchos conflictos sociolaborales, y ha subrayado la voluntad de la Junta de seguir colaborando con la Justicia en el total esclarecimiento del caso y llegar hasta el final, de forma que «se castigue a los culpables y se recupere el dinero defraudado», y ha deseado que Fernández pueda demostrar su inocencia, cuya presunción sigue conservando a día de hoy.
El caso ERE no interferirá en el nuevo Ejecutivo andaluz
Sobre el nuevo Ejecutvo andaluz que surja de las negociaciones con Izquierda Unida, la consejera de la Presidencia de la Junta, ha indicado que el caso de los ERE pertenece al pasado y no influirá a «este Gobierno saliente y mucho menos al futuro Gobierno». Moreno ha indicado que a la Junta se le debía exigir, tal y como ha hecho, diligencia en la denuncia, en la investigación y en la colaboración con la justicia, y el futuro Gobierno «va a trabajar, como siempre han trabajado los gobiernos de la Junta, con la máxima honestidad».
La titular de la Junta ha asegurado que no cree que la prisión anunciada este martes para Antonio Fernández afecte al referéndum que esta tarde deben votar las bases de IU sobre el pacto de Gobierno con el PSOE-A. La consejera de Presidencia en funciones ha insistido en que se trata de un caso «del pasado que no afecta ni a este Gobierno ni va a afectar al futuro Gobierno de Andalucía».
Sobre si cabe la posibilidad de que el expresidente de la Junta Manuel Chaves y el actual jefe del Ejecutivo andaluz en funciones, José Antonio Griñán, asumieran responsabilidades por el hecho de que Fernández fuera consejero de ambos, Moreno ha señalado que la principal responsabilidad de un Ejecutivo es luchar con todas sus fuerzas contra la corrupción y contra cualquier comportamiento deshonesto y eso lo ha hecho el «Gobierno de Griñán con una enorme valentía desde el minuto uno».
No se ha afrontado el caso «con temor, sino con valentía»
La consejera de la Presidencia ha dejado claro que la Junta en ningún momento ha afrontado este caso con ninguna clase de «temor», sino todo lo contrario, «con valentía a la hora de investigar, de denunciar y de llegar hasta el fondo de este asunto, afecte a quien afecte».
Mar Moreno ha recalcado además que la Junta ha sido «firme y contundente» en la denuncia e investigación de este caso y ha venido compartiendo con la fiscalía su posición, coincidiendo en las medidas cautelares que se adoptaron en el caso del exdirector general de Empleo Francisco Javier Guerrero y de su chofer; y ha insistido en que se seguirá trabajando y colaborando con la justicia hasta el total esclarecimiento del caso y las responsabilidades.
Moreno ha defendido que la intención del Gobierno siemre ha sido «llegar hasta el final, que se castigue a los culpables y que podamos recuperar hasta el último euro defraudado»
La consejera también ha indicado que la Junta sigue manteniendo la misma posición que defendió desde el primer minuto, esto es, que el conjunto de la partida 31L (ayudas sociolaborales que ha gestionado la administración autonómica) no son ilícitas en su conjunto, sino que ha habido determinadas ayudas que se han utilizado de forma fraudulenta.
«Que un procedimiento sea más o menos idóneo, no le da una naturaleza penal de por sí», según Moreno, quien ha agregado que el Gobierno andaluz entiende que el grueso de la responsabilidad sigue estando en la gestión «de las ayudas que aparentemente han sido fraudulentas o alguien se ha podido aprovechar de ellas».
